Puebla, Pue., 25 de abril. Cerca de 500 agentes de corporaciones policiacas de Puebla se enfrentaron a cientos de campesinos de San Andrés Azumiatla, perteneciente al municipio capitalino, durante un operativo para rescatar a cuatro topógrafos –uno de ellos de la estatal Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)– que fueron retenidos por los pobladores cuando realizaban mediciones para la ampliación de una carretera.

Dos camionetas de Comunicaciones y Transportes resultaron quemadas, hubo decenas de heridos y al menos 35 pobladores detenidos. Entre éstos estaría el presidente municipal Sebas Escalona Morales. Rubén Ramírez Hernández, jefe de grupo de la policía judicial, murió de un infarto durante el enfrentamiento.

El origen del conflicto está en el despojo de tierras que han padecido los campesinos de la comunidad, así como en el interés del gobierno estatal y municipal por realizar el proyecto Aura, que consiste en rescatar la presa de Valsequillo y crear en su derredor conjuntos residenciales, deportivos y comerciales de lujo.

En 2008 los campesinos denunciaron la pérdida de 400 hectáreas ejidales mediante juicios promovidos por Guillermo y Javier Pacheco Pensado –hijos del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla– y por Guillermo Pacheco Pulido, ex edil de la capital. Los ejidatarios aseveran que nunca fueron enterados de estos juicios amañados.

Ya habían sido despojados de 500 hectáreas

A principios de este mes, los campesinos mostraron a La Jornada de Oriente documentos notariales y de compraventa con los cuales se les pretende despojar de 500 hectáreas más de tierras ejidales.

Cerca de las 16 horas del viernes, dos topógrafos de la empresas Gerlus y Proicot realizaron mediciones para la ampliación de la avenida 11 Sur de la comunidad de Santa Clara Ocoyucan, pero al parecer rebasaron los límites de la jurisdicción. Entonces fueron retenidos por integrantes del Comité de Vigilancia Ejidal de San Andrés Azumiatla, el cual realiza rondines para evitar nuevas invasiones.

De inmediato fueron confinados a la cárcel del pueblo. Francisco Javier Palacios, ingeniero de la constructora, afirmó que los trabajadores cometieron un error en sus cálculos; pidió ayuda a la SCT y más tarde arribó el supervisor Gerson Delgado. Después de unos minutos, Palacios y Delgado también fueron encarcelados.

Dos negociadores del ayuntamiento de Puebla y algunos policías auxiliares acudieron al pueblo, pero fueron retirados como parte de las condiciones que impusieron los lugareños para liberar a los trabajadores.

Al caer la tarde, la población comenzó a concentrarse en la presidencia municipal para exigir que los hombres fueran sacados de la cárcel y rociados con gasolina para quemarlos. Decenas de campesinas estaban armadas con palos, varillas y garrotes. Decían que estaban dispuestas a defender sus tierras.

En ningún momento la muchedumbre dejó de gritar consignas contra el gobernador, Mario Marín Torres, así como contra la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, a quienes les recordaron que cuando fueron a pedirles el voto en favor del PRI, se los otorgaron, pero ninguno ha cumplido su promesa de regresar para dotarlos de servicios públicos, obras y programas de desarrollo.

A las 21 horas llegó personal del Ministerio Público de la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, que intentó tomar la declaración de Delgado y Palacios, pero la turba exigía que éstos fueran llevados a la plaza para ser juzgados. Debido a su negativa, los agentes ministeriales fueron sacados del pueblo en medio de golpes.

Para entonces, más de 40 patrullas repletas de agentes aguardaban a las afueras de Azumiatla. Cerca de la una de la madrugada, unos 500 policías entraron en acción. Los pobladores les lanzaron piedras e incendiaron las dos camionetas de la SCT estacionadas en la plaza del pueblo.

Testigos dijeron que desde las laderas cercanas se escucharon disparos de arma de fuego pero ninguna hizo blanco. Algunos policías respondieron haciendo disparos al aire.

Los campesinos fueron sometidos y colocados en el piso boca abajo; varios estaban sangrando por los golpes de tolete.

La Procuraduría General de Justicia de Puebla no ha informado cuál fue el delito que cometieron los detenidos, ni cuál es su situación jurídica.