o cabe duda que las prácticas sexuales y reproductivas son una de las expresiones más evidentes del grado de autonomía y libertad que van alcanzando las mujeres, así como de las desigualdades en distintos territorios del planeta. Donde se garantiza el derecho a la información y a la educación de las mujeres, y se cuenta con servicios de aborto legal, como es el caso de Holanda, Italia, Bélgica, Alemania, Finlandia o Inglaterra, las mujeres ejercen mayor control sobre sus cuerpos, utilizan más anticonceptivos, recurren menos al aborto y casi nadie muere por maternidad, esto por comparación con las cifras que se registran en Filipinas, Nigeria y América Latina (Fátima Juárez, Despenalización del aborto en la ciudad de México, Argumentos para la reflexión, UNAM/IPAS/GIRE, 2008).
En la República Mexicana los contrastes son graves. Hoy que se cumplen dos años de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación se evidenciaron las menores oportunidades que tienen las mujeres del interior del país.
En los hospitales de la ciudad de México se han practicado 22 mil 456 interrupciones de embarazo, casi 70 por ciento son mujeres jóvenes, con una edad promedio entre 18 a 29 años, poco más de la mitad son solteras, 40 por ciento se dedican al hogar, 26 por ciento son estudiantes y 20 por ciento empleadas. En su mayoría son mujeres chilangas; está visto que no es tan fácil transportarse a la capital a solicitar el servicio. Solamente 3 por ciento de quienes han interrumpido su embarazo vienen de otras entidades y una quinta parte del estado de México.
Pero mientras el Gobierno de la Ciudad de México coloca los derechos de las mujeres a la altura de los países europeos, gobernadores y legisladores del PRI y del PAN han cambiado las constituciones estatales para cerrar el derecho a decidir de las mujeres de provincia en lo que pareciera una campaña electoral de desprestigio al estilo de gobierno del PRD. Se trata de la misma iniciativa –casi fotocopiada– para dar personalidad jurídica al producto de la concepción en las constituciones de Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, Sonora y Quintana Roo, más lo que se acumule en la semana.
Esas reformas están confirmando en este país el centralismo y una mayor autonomía de las mujeres chilangas, al tiempo que subrayan la desigualdad social y territorial. Otros indicadores de salud reproductiva publicados recientemente muestran que las mujeres de estratos medios y altos cuentan con mayor información y menores obstáculos para cumplir sus deseos reproductivos.
Las mexicanas que posponen la edad para tener el primer hijo hasta los 24 años son de clase alta; las que viven en condiciones más precarias lo hacen antes de llegar a los 19 años y tienen un mayor número de hijos que las primeras. Entre las indígenas la situación se agudiza: menos de la mitad recurre a los anticonceptivos y la mortalidad materna es tres veces mayor.
La responsabilidad reproductiva de los hombres es diferente conforme a la clase social. A mayor estrato social aumenta el uso de métodos que requieren participación del varón: la vasectomía y los métodos locales.
El control de la sexualidad y reproducción femeninas son causas de violencia contra las mujeres. Sufren más violencia quienes tuvieron relaciones sexuales premaritales, viven en unión libre, trabajan fuera del hogar y las que obtienen mayores ingresos que su pareja. Donde los maridos nunca participan en la crianza y cuidado de los hijos, el riesgo de violencia aumenta. Las que piden permiso para salir solas sufren menos violencia que las que no lo hacen; socavar la jefatura masculina es causa de violencia. Las que han sido víctimas de violencia declaran abortos inducidos más que las que no la padecen; una quinta parte dice haber sido golpeada por su pareja y han sido insultadas cerca de la mitad. Todas reportaron haber sido alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos, pero en 21 por ciento de los casos sus esposos o compañeros no estuvieron de acuerdo con el uso. Al parecer las mujeres que declaran abortos inducidos recurrieron a él por vivir situaciones inestables y porque carecían del apoyo de su pareja (Susana Lerner e Ivonne Szasz, coord., Salud reproductiva y condiciones de vida en México, El Colegio de México, 2008).
Es inadmisible que las restricciones de los derechos reproductivos se vinculen con las condiciones materiales de vida y los cálculos geopolíticos de los partidos de derecha. Por el contrario, habría que evitar que las relaciones de poder se ensañen contra los grupos más débiles: las mujeres que viven en entidades conservadoras, las campesinas y las de los estratos más precarios.
