Buenos Aires, 23 de abril. El reciente descubrimiento de un plan para asesinar al presidente de Bolivia, Evo Morales, deja en evidencia la magnitud de la injerencia de Estados Unidos en el país andino. También eran blanco de atentados el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, el prefecto de Santa Cruz, el opositor Rubén Costa. La intención era crear confusión y caos que condujeran a una guerra civil para terminar con el gobierno cuyas medidas están resquebrajando al viejo poder semifeudal. Morales ha sido un blanco desde sus días como líder sindical cocalero.

Precisamente el reclamo del mandatario boliviano a su par estadunidense, Barack Obama, durante la reciente Cumbre de las Américas en Trinidad Tobago, fue que cesara esa injerencia, cada vez más violenta, contra su país.

Las acciones de Washington contra Morales vienen de larga data, desde los años 80 hasta la actualidad. Pero un incremento sustancial se registró cuando éste se convirtió en el favorito en la carrera presidencial de diciembre de 2005.

Entre los actores que mantienen viva esa injerencia están la embajada de Estados Unidos y el Grupo Militar de ese país -con oficinas en la casa de gobierno hasta la llegada de Morales-, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y sus fundaciones subsidiarias para activar los golpes suaves de estos tiempos, y la agencia antidrogas estadunidense (DEA), entre otros, que han convertido a Bolivia en un verdadero laboratorio de viejas y nuevas contrainsurgencias.

En los meses previos a la elección de 2005, las desesperadas acciones para impedir la llegada de Morales al poder resultaron una repetición asombrosa de lo actuado por Washington contra Salvador Allende en Chile, desde que éste era diputado hasta el golpe militar de 1973.

Algunos documentos y testimonios que esta corresponsal recogió en Bolivia recientemente para un libro sobre la CIA y la DEA en ese país, revelan la historia increíble de esas conspiraciones contra Morales.

Un entramado que tiene sus orígenes en los primeros años de la CIA en Bolivia, en los 50, y de la DEA, que entró en los años 80 de la mano del general Luis García Meza, quien impuso “la dictadura de los narco dólares” denominada así por el desaparecido periodista Gregorio Selser.

Una testigo de esas conspiraciones relató como recibieron instrucciones de agentes de la DEA que estaban en una base interna que esa agencia tenía en un cuartel militar de Chimoré. Precisamente esa sede de la DEA fue cerrada por el presidente Morales.

Las instrucciones fueron dadas a un grupo seleccionado por el conocimiento de la zona y se trataba de realizar un atentado contra Morales aprovechando la presencia de éste en el velatorio de campesinos asesinados en un bloqueo de carretera.

Para esto, la DEA contó con el apoyo de un oficial boliviano de alto rango, quien obligó a participar en el plan a policías y militares, varios de los cuales manifestaron reticencias, pues la orden no estaba escrita y no provenía de sus mandos naturales.

Evo Morales llegó a pasar por un puente bajo el cual se habían colocado dos cargas explosivas, una de C4 destinada a matarlo, y otra con un armado casero, para disfrazar el origen del atentado, pero este se suspendió sobre la marcha por desinteligencias entre algunas de las partes que intervenían.

También de esos tiempos datan otras acciones que marcaron a fuego los últimos meses finales de 2005. A principios de octubre, se produjo el olvidado caso del robo de 29 misiles chinos -única defensa fuerte de Bolivia- que Estados Unidos se llevó en una operación ilegal, sin autorización del Congreso y con la complicidad de un grupo de oficiales de alto rango.

Al Grupo Militar de la embajada estadunidense le correspondió la tarea de lograr el apoyo de estos oficiales, y de producir cambios de jefes de unidades claves que podrían haber rechazado participar en una acción de este calibre.

En la mañana del 2 de octubre, un avión militar estadunidense esperaba en el aeropuerto castrense de El Alto, en La Paz, para recoger una carga que había llegado desde el cuartel Bilbao, en Viacha, vigilada por militares de fuerzas especiales locales, a los cuáles sus jefes no les informaron sobre la naturaleza de la misión.

El asunto salió a la luz en noviembre de ese año por un informe presentado por jóvenes oficiales a algunos jefes con otro nivel de conciencia, cuando se enteraron que la carga llevada, robada de Bolivia, eran los misiles.

El entonces comandante del ejército, Marcelo Antezana Ruiz, quien comandó la operación ilegal, confesó finalmente que Washington quería dejar a Bolivia sin misiles, en vista del previsible triunfo de Evo Morales. Éste denunció públicamente el caso que derivó en un escándalo político y la renuncia del entonces ministro de Defensa, Gonzalo Méndez y de Antezana, entre otros cambios,

La multiplicación de casos similares, y el material que existe sobre los mismos en archivos en Bolivia sumó centenares de páginas en la investigación central para el libro.

Una cronología sobre las actividades de la DEA incluye la represión contra miles de campesinos, bombardeos a comunidades, secuestros, la existencia de casas de torturas en Santa Cruz y otros departamentos, por donde pasaron centenares de víctimas, entre otros delitos.

Morales siempre alude al caso emblemático de Huanchaca, donde el asesinato de los tres integrantes una misión encabezada por el científico Noel Kempf Mercado, en septiembre de 1986, llevó a descubrir que la CIA y la DEA controlaban el más grande laboratorio de producción de cocaína. La droga era llevada en aviones de Estados Unidos a Florida para intercambiarla por armas para los mercenarios de la contra nicaragüense, que operaba desde Honduras contra el gobierno sandinista.

Todo el pueblo boliviano ha sido víctima, pero Morales se ha convertido en un blanco de caza, con centenares de acciones en su contra, de agencias estadunidenses, y sus cómplices locales.