El gobierno del Distrito Federal tomó posesión del primer inmueble requerido por la Ley de Extinción de Dominio, luego de que la jueza primera de lo civil, María Elena Galguera González, dictara las medidas cautelares correspondientes sobre el hotel Madrid, ubicado en La Merced, donde operaba una red de trata de personas.

La Consejera Jurídica del DF, Leticia Bonifaz Alfonzo, dijo que el dinero recabado por el mobiliario u otros beneficios económicos que genere el edificio se entregará a la Secretaría de Finanzas y el edificio, a la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del DF.

Admitió que el juicio aún continúa, pues el inmueble se encuentra en proceso sucesorio, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) ya pidió hacer suyo ese espacio, aunque aún se analizan otras opciones.

Puntualizó que el edificio del hotel se encuentra en proceso de sucesión, toda vez que el dueño falleció, por lo que se está en la espera de que aparezcan los herederos para ver si pueden acreditar la propiedad. Se les tiene que dar el derecho de audiencia, la garantía del debido proceso e incluso contar con defensor de oficio.

Por lo pronto, dijo, el predio quedó en manos de la instancia obligada a cuidarlo, para evitar que sea vendido, por lo que el folio del inmueble se encuentra resguardado en el Registro de Público de la Propiedad y el Comercio.

Comentó que la dependencia que más ha insistido en quedarse con el hotel es la SSP-DF, aunque la decisión aún se analiza, por lo que también existe la posibilidad de que pase a manos del Instituto de las Mujeres, el de Asistencia e Integración Social o incluso a la propia Consejería Jurídica.

Al señalar que hasta el momento no se han presentado denuncias ciudadanas en esta materia, dijo que ya comenzó el proceso de extinción de la pensión de autos ubicada en la colonia Morelos, donde se decomisaron vehículos robados; ya nos pidieron la investigación previa de los propietarios, que rentaban el inmueble.

Por otra parte, la funcionaria señaló que la ley contempla que si el delito se cometió en la ciudad se puede aplicar la extinción de dominio, aunque las propiedades se encuentren en otro estado, si fueron adquiridas con el usufructo de dicha acción ilegal.

Sin embargo, Israel Alvarado, consejero de la Judicatura del DF, afirmó que la ley no aclara si es procedente la aplicación de la extinción cuando el delito se comete en la ciudad y los predios están fuera de ésta o viceversa, por lo que este conflicto sólo se podrá resolver en la práctica.

Explicó que si el inmueble en cuestión se encuentra en otra entidad, las autoridades de ese estado podrían decir que también son competentes, lo que generaría un conflicto competencial que resuelva la autoridad federal.