El primer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue adverso en crecimiento económico nacional, incumplió con su meta de generación de empleos e incurrió en subejercicio de recursos públicos por un monto de 203 mil millones de pesos.

Al comenzar el análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2007, elaborado por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de La Federación (ASF), se determinó que 2007 se caracterizó por indicadores económicos y financieros favorables, a pesar de lo cual los resultados del ejercicio administrativo de Felipe Calderón fueron magros.

Tal escenario ofreció un superávit presupuestario de 0.08 por ciento del producto interno bruto (PIB), incremento en los ingresos no petroleros de 12.9 por ciento, aumento de 11.1 por ciento en los ingresos ordinarios –asociado en parte a un precio del petróleo favorable–, una tasa de inflación dentro de los rangos previstos de 3.7 por ciento y un déficit de cuenta corriente controlado.

“Sin embargo, en 2007 la economía mexicana creció sólo 3.3 por ciento en términos reales, nivel inferior al 4.8 por ciento de 2006 –último año de gobierno de Vicente Fox– y al 3.6 por ciento programado. Asimismo, la cifra de empleos generados fue menor a la de 2006 y a la meta”, expuso el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Roberto Michel.

En dos rubros de auditorías destacan la revisión a los Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la adquisición de energía eléctrica, donde no se demuestra la necesidad de mantener dicho esquema, así como la situación financiera de Luz y Fuerza del Centro, que en opinión de la ASF requiere tomar una decisión respecto de la conveniencia de mantener su operación, y la eliminación del esquema Pidiregas a partir de 2009.

Es necesario que la ASF se pronuncie sobre la procedencia de los esquemas de generación de energía eléctrica por parte de los productores externos de energía (PEE), toda vez que de acuerdo con las últimas revisiones practicadas por la propia ASF, éstos se han venido incrementando año con año, sin que se demuestre por la CFE la necesidad de operar dichos esquemas.

A todo esto se suma la urgente revisión de las empresas filiales de Pemex que operan en el extranjero, incluidos los vehículos financieros, por el impacto económico y elevado riesgo jurídico, presupuestal y regulatorio en el ejercicio de los recursos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de la paraestatal, su régimen fiscal, las actividades de producción del petróleo crudo y gas, y la restitución de reservas.

La conclusión de la Unidad de Evaluación advierte opacidad en Pemex, pues no reportó 23 mil 179 millones de pesos por concepto de inversiones en acciones de compañías subsidiarias. Por lo tanto –señala–, será importante que la ASF evalúe la función que están desempeñando los vehículos financieros y las empresas filiales de Pemex, que están regidos bajo una jurisdicción extranjera, de tal manera que para la información obtenida sirva como premisa para que la Cámara de Diputados legisle sobre el régimen jurídico vigente, así como el que deben tener estos instrumentos financieros y las empresas filiales revisadas, la normatividad a la que deberán sujetarse y la determinación de las entidades regulatorias que deben supervisar su operación.

En el caso del gasto corriente, el primer año de gobierno calderonista superó cualquiera de los seis de Vicente Fox, porque ese rubro alcanzó 13.4 por ciento del total de la Federación en 2007.

Los datos aportados por la Auditoría Superior de la Federación arrojan otro resultado negativo para el país, porque el monto de los subejercicios alcanzó una cuantía de 203 mil millones de pesos. De esa cifra, 44 mil millones se transfirieron a un fideicomiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin conocer su destino, y constituyéndose en un presupuesto paralelo.

Otro de los subejercicios localizados directamente en áreas de infraestructura se encontró en el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra), donde sólo se ejercieron 4 mil 428 millones de pesos, frente a los 27 mil 541 millones disponibles para 2007.

Otro ejemplo de la opacidad en el manejo de los recursos públicos se dio en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Al 31 de diciembre de 2007 no se ejerció 47 de su presupuesto total, equivalente a 2 mil 323 millones de pesos, al no asociarse ni comprometer ningún proyecto.

Asimismo, tampoco se emitieron convocatorias en ocho fondos sectoriales y uno mixto, aún cuando mantenían recursos disponibles por 815 millones y seis millones de pesos, respectivamente, para asignarlos a proyectos de investigación.