El procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, afirmó durante la presentación de un libro, realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que el uso legítimo de la fuerza es una responsabilidad y un deber del Estado para garantizar la paz pública, aunque reconoció que la profesionalización de los encargados en esa materia es un gran desafío, porque sólo en la medida en que la población perciba un cambio real en la conducta de los órganos encargados de aplicar la ley, podrá tener confianza en las instituciones.

La ley por sí sola no garantiza que los principios se cumplan

Ante el secretario de Seguridad Pública capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, Medina Mora señaló que la ley por sí sola no es garantía de que los principios se cumplan, y por ello se debe seguir trabajando intensamente en la parte operativa de coordinación e información, para materializar los objetivos.

El funcionario agregó que el uso racional e inteligente de la fuerza pública, complementado con atención a las causas profundas de la insatisfacción social, la delincuencia y la violencia, es la alternativa para fortalecer las instituciones democráticas de un estado de derecho.

Asimismo, consideró que el desafío de combatir el delito, y en especial sus manifestaciones más lesivas como es el crimen organizado, sin lastimar los derechos humanos, es el mayor reto de nuestro tiempo y de todas las naciones democráticas. Establecer los principios y métodos más convenientes para el uso racional de la fuerza pública es un proceso que sigue en desarrollo.

En la presentación del libro Uso legítimo de la fuerza, Medina Mora y los demás funcionarios presentes consideraron que si bien el uso de la fuerza pública es una opción para mantener el orden social, esto se debe hacer siempre con el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La solución atraviesa por entender que vivimos una transición entre la doctrina de la seguridad nacional a una de la seguridad democrática, en la que lo importante es proteger a los ciudadanos y sus libertades; el problema central es lograr que los encargados de procurar justicia entiendan que hay una relación directa entre la ética de los derechos humanos y la eficacia que se necesita para crear sociedades seguras, concluyó el procurador general de la República.