Organizaciones de abogados democráticos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigue la violación grave y sistemática de los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la mina de Cananea, Sonora.

La petición fue entregada por conducto de la oficialía de partes, ante la imposibilidad de entrar al edificio sede del máximo tribunal por el cordón de seguridad que establecieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes llevaban equipo antimotines.

La comisión de profesionistas, encabezada por los representantes legales del sindicato minero (Néstor de Buen y Carlos de Buen), no pudo ingresar al inmueble para solicitar audiencia con el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y demandarle directamente la intervención del máximo tribunal, ante la grave violación a la Constitución y a la ley federal en que incurrieron los titulares de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de la Secretaría del Trabajo, quienes ilegalmente dieron por terminado el contrato colectivo en Cananea argumentando causas de fuerza mayor.

Entrevistados por separado, los presidentes de la Unión Nacional de Juristas y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Eduardo Miranda Esquivel y Lauro Sol Orea, respectivamente, advirtieron que la decisión de las autoridades laborales, de dar por terminada la relación contractual de los mil 200 mineros, es reprobable, represiva e inconstitucional, porque constituye “un ejemplo y un castigo a la lucha de los trabajadores en defensa de sus garantías.

Luego de subrayar la necesidad de que la Suprema Corte tome cartas en el asunto, aseveraron que la decisión de dar por terminada una relación laboral cuando está en proceso una huelga –lo cual está expresamente prohibido en la legislación laboral– sienta un precedente nefasto, porque cualquier empresario podrá concluir una huelga aduciendo causas de fuerza mayor, anulando de esa forma el derecho a huelga, a la libre sindicalización y a la contratación colectiva, así como al empleo.

Por su parte, Néstor de Buen se sorprendió de ver que los policías federales instalaron vallas metálicas en el acceso principal del edificio para impedir el paso. Es una verdadera estupidez, porque no permitir entrar a los abogados por temor es lo más idiota que he visto. Es la primera vez que ocurre, resaltó.

–Pareciera que estuviéramos durante el porfiriato, cuando el gobierno federal tomaba partido abiertamente en favor de los empresarios.

–No, los del porfiriato eran más tranquilos, buenos chicos. No hacían esas cosas –manifestó el abogado en tono sarcástico.

Ante la cerrazón del personal de seguridad de la Suprema Corte, Carlos de Buen señaló en un improvisado mitin, que se realizó a las afueras del inmueble, que gracias al Poder Judicial Federal, que ha echado abajo las decisiones de las autoridades laborales contra los mineros (como reconocer la legalidad de la huelga y la concesión de una suspensión para que el socavón no fuera desalojado), el movimiento se ha mantenido. Pero la actitud de cerrazón de los ministros, abundó, refleja que no entendieron el simbolismo de su presencia. Temió que ello signifique un mal augurio para la causa de los trabajadores.