Chilpancingo, Gro., 20 de abril. Los gobiernos federal y estatal no respetan el trabajo que realizan en Guerrero instituciones defensoras de las garantías individuales, señalaron dirigentes sociales de la entidad, así como representantes de organismos no gubernamentales (ONG) de Alemania, Perú, Colombia y Estados Unidos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes participaron en el Foro Internacional sobre Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social.

En entrevista, la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, informó que el sábado pasado fue hostigada por paramilitares en el municipio de Ayutla de los Libres.

Sostuvo que mientras aguardaba a una camioneta de pasajeros para viajar a la comunidad El Camalote, se acercó Hermenegildo Remigio y media hora llegó su hermano Romualdo, quien junto con su también consanguíneo Isidro Remigio Cantú forma parte de un grupo paramilitar que opera en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, protegido por autoridades municipales. Una hora permanecieron ahí en actitud amenazante, acompañados de una policía municipal, afirmó.

Dijo que abordó un vehículo colectivo junto con otros integrantes de la OPIM, y al llegar al crucero Yerba Santa, unos soldados bajaron en un retén a los pasajeros, entre ellos a Inés Fernández Ortega –violada por soldados en 2004– y minutos después los dejaron ir.

Durante la inauguración del foro, a cargo de la directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), Katya Salazar, y el director de Tlachinollan, Abel Barrerra Hernández, se presentaron las ponencias Los alcances del sistema interamericano, a cargo de la abogada de la unidad de defensores de la CIDH, Belissa Guerrero; Experiencias comparadas de América Latina, que presentaron defensores de derechos humanos de Perú y Colombia, y Experiencias de México, en la que participaron integrantes de 10 organismos locales.

Abel Barrera aseguró que las autoridades no tienen voluntad para proteger a los defensores de los derechos humanos en Guerrero, y muchos están sometidos a procesos judiciales.

Emilie E. Joly, de DPLF, afirmó que en la entidad persiste una política de criminalización contra las organizaciones no gubernamentales y se cierra el diálogo. Se reprime la protesta civil y pacífica, se denuncia penalmente a sus dirigentes y se les fabrican delitos, como privación ilegal de la libertad o ataques a las vías de comunicación, comentó.

El abogado de la OPIM, Vidulfo Rosales Sierra, manifestó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, que comenzó en abril de 2005, ha obstaculizado el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Belissa Guerrero consideró inadmisible que se criminalice a la protesta social, sobre todo cuando se desarrolla en la vía pública y respetando la ley.

En el foro, que culminará este martes, participan representantes de 50 organizaciones de derechos humanos, indígenas, sociales, campesinas y magisteriales provenientes de Chile, Perú, la ciudad de México, Monterrey, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Entre las organizaciones destaca la peruana Asociación Pro Derechos Humanos, que impulsó el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.