En la misa que se realizó este domingo para recordar la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, el sacerdote Carlos Rodríguez sostuvo que la resolución emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante la demanda de justicia que interpusieron los familiares de las víctimas señala claramente que el gobierno federal sí tiene responsabilidades en este caso, porque no garantizó que la empresa cumpliera con sus obligaciones con los trabajadores y esto los llevó a perder la vida.

En la homilía de ayer, celebrada a las afueras de la empresa Grupo México, el presbítero también llamó a orar por los trabajadores mineros de Cananea, para que no se use contra ellos la fuerza pública, cuando están en su pleno derecho de una huelga legal. Estuvo presente la señora Rosario Ibarra de Piedra, quien al llamado que hizo el prelado para dar la paz a los asistentes saludó de mano a los policías que custodiaban las instalaciones de la empresa.

Más tarde, en entrevista, la luchadora social apuntó que en este gobierno se ha incrementado la lista de denuncias por violaciones a los derechos sociales, humanos y laborales de los mexicanos, y lo más grave: también ha aumentado el número de desaparecidos políticos en varios estados del país.

Por su parte, a nombre de las viudas de mineros asistentes, María del Refugio López leyó un pronunciamiento en el que la Familia Pasta de Conchos señala su inconformidad con el manejo que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la resolución de la OIT, y dijo que esta organización sí hizo un llamado al gobierno mexicano a reparar el daño causado a los familiares de las víctimas y recuperar los restos mortales de los mineros.

En el documento leído en el contexto de la ceremonia se destaca que sí hay responsabilidad gubernamental porque los inspectores del trabajo no realizaron un seguimiento adecuado de las condiciones de seguridad en la mina; las multas se impusieron sólo después del accidente y fueron menores, además de que la empresa no pudo demostrar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene. Lo más importante, sostienen los mineros, es que el comité tripartito de la OIT indica que si bien el gobierno disponía de leyes y reglamentos en vigor al momento de ocurrir el accidente, no aseguró en el momento oportuno que Industria Minera México diera debido cumplimiento a las disposiciones.

La resolución de esta organización internacional, que se dará a conocer este lunes en la Cámara de Diputados con todo detalle, advierte que tampoco se cumplió con la obligación de garantizar los servicios de un médico en la mina para más de 100 trabajadores o de llevar registros de la composición de los servicios contra incendios, de búsqueda y rescate, de evacuación y primeros auxilios, por lo que se toma nota de que el gobierno de México no aseguró que Industrial Minera México cumpliera con sus obligaciones, y que estas circunstancias tuvieron efectos trágicos inmediatos para los 65 mineros.

La Familia Pasta de Conchos señala que con este informe se cierra el análisis de la reclamación, y que será la comisión de expertos, en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, la que dará seguimiento al mismo y las recomendaciones que se hacen al gobierno.

Por otra parte, la Unión de Juristas de México condenó la arbitraria e ilegal decisión del gobierno federal de dar por terminada la relación laboral de los cientos de trabajadores mineros de Cananea, Sonora, que se encuentran en huelga desde hace 22 meses, y se sumó al planteamiento de constituir un fondo de resistencia. Además llamó a realizar una protesta el próximo 21 de abril.