La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados definió que la Policía Federal Preventiva (PFP) podrá intervenir llamadas de teléfonos celulares para obtener, por el sistema de georreferenciación, la ubicación de los aparatos, pero no el contenido de las conversaciones ni de los mensaje escritos.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) David Mendoza Arellano, secretario de la comisión, explicó en entrevista que las llamadas y la búsqueda sólo podrán solicitarlas a un juez el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el comisionado de la PFP.

A su vez, el coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, Javier González Garza, aseguró que el sol azteca condicionará la aprobación y los reformas en materia de seguridad a que los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) se comprometan a aprobar un paquete de derechos humanos para incluirlos en la Constitución.

Al respecto, el perredista Juan Guerra Ochoa dijo que su bancada tiene un acuerdo en principio con el PAN, con la anuencia de la Secretaría de Gobernación, para que se incluyan en la Constitución derechos incluidos en acuerdos internacionales suscritos por México, y sólo esperan que el blanquiazul no se retracte.

Mendoza Arellano explicó que en el dictamen en torno a la iniciativa de Felipe Calderón sobre la ley de la policía federal se avanzó en definir la intervención telefónica por esa corporación, pero quedaría acotada a realizarla desde su centro de operaciones, y a no montar centros de espionaje en cualquier lugar público o privado como propone Acción Nacional.

Añadió que las solicitudes a los jueces para la intervención de teléfonos no la podrá hacer cualquier policía, sino sólo mandos superiores, como el titular de la SSP o el comisionado de la PFP.

Informó que el grupo de trabajo suprimió de la iniciativa la posibilidad de autorizar la instauración de retenes, de revisión de vehículos, equipaje y ropa de las personas, y sobre todo la pretensión de obtener de éstas la huella dactilar del índice.

El grupo de trabajo, que reanudará sus sesiones hoy a las 10 de la mañana, dejó a revisión la solicitud de la PFP de tomar muestras de los detenidos, luego de que los legisladores exhortaron a que explicara de qué clase y a quiénes.

“No sabemos si son (muestras) sanguíneas o de qué clase y a qué personas se les aplicaría.

“Por ejemplo, a Vicente Carrillo Leyva, hijo de El señor de los cielos, Amado Carillo Fuentes, sí era necesario tomarle una muestra de sangre, para verificar su ADN, pues se había operado el rostro”, afirmó.

También están pendientes de revisión, aunque el PRD y el PRI ya expresaron su rechazo, las denominadas visitas domiciliarias de la policía federal, pues se quieren instaurar para verificar el cumplimiento del reglamento de policía y buen gobierno.

El argumento de ambas bancadas es que cualquier legislación de esa clase se cumple estrictamente en las calles, no en los domicilios particulares, y en todo caso la propuesta de Calderón se trata de un cateo disfrazado.

Asimismo, el sol azteca pugna en favor de que se incluya un capítulo en el cual se definan las promociones de los integrantes de la policía federal, para instaurar derechos acordes al riesgo de trabajo.