El Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) indemnizará a las personas físicas y morales que tengan en propiedad o en posesión inmuebles colindantes con la línea 12 y comprueben haber sufrido perjuicios en el uso de su patrimonio o en las actividades económicas que realicen, derivadas de la ejecución de las obras, anunció su director, Francisco Bojórquez Hernández.

La medida se aplicará una vez que aparezca publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y contará con una bolsa de 120 millones de pesos que se destinarán a minimizar las afectaciones por el uso del patrimonio de los particulares, ya sea en sus bienes, al no poder entrar o salir de sus domicilios, y/o en sus actividades, al registrarse una baja en el número de clientes e ingresos, que los obligue, en algunos casos, a cerrar.

El apoyo consistirá en un pago líquido, la entrega de recursos para el arrendamiento de otro inmueble, o la reubicación temporal mientras concluye la obra, según elija el afectado, los cual deberá presentar en las oficinas de la gerencia jurídica del STC-Metro, ubicadas en Arcos de Belén 13, cuarto piso, una solicitud por escrito firmada y acompañada de una descripción detallada de los hechos que hayan originado el daño.

La solicitud deberá ser acompañada por los documentos en los que se acredite la posesión o propiedad del inmueble, en original y copia simple para su cotejo; el funcionamiento de la actividad económica de que se trate, y la personalidad jurídica del promovente o de su representado, en original y copia, en caso de personas morales.

La anuencia para realizar las inspecciones oculares, en su caso, y estimación de la afectación, además de la documentación en que se soporta –como libros contables–, serán otros puntos a cubrir por los afectados, mientras la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, dependiente de la Oficialía Mayor, se encargará de cuantificar el perjuicio.

El STC, por su parte, constituirá un comité responsable de analizar y resolver las solicitudes que se formulen, el cual sesionará una vez cada 15 días, y podrá ordenar inspecciones y valerse de cualquier medio de prueba para emitir la resolución que corresponda, a fin de atender dichos casos con la mayor celeridad posible.

Bojórquez Hernández precisó que quedarán fuera de este apoyo las personas físicas o morales que no acrediten haber sido afectadas en su patrimonio o actividades económicas, ni la posesión del inmueble, presenten su solicitud tres meses después de que se hayan concluido las obras que causaron la afectación o hayan interpuesto una controversia.

Así también, aquellos propietarios o poseedores de inmuebles aledaños a la obra que resulten con problemas estructurales, los cuales deberán presentarse directamente ante la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), para que los daños y perjuicios se cubran con el seguro de responsabilidad que para tal efecto fue contratado.

Para atender a las personas que tengan en posesión inmuebles que se requiera adquirir para la construcción de la línea mencionada –que serán 127, se sumarán a las 172 parcelas compradas en Tláhuac–, se contará con un fondo adicional de 320 millones de pesos. Parte de esos recursos se destinarán a la compra, este año, de 32 de ellos, entre negocios, lotes baldíos y casashabitación ubicados entre Atlalilco y Ermita, reiteró.

Se trata, dijo, de causar el menor impacto social y económico durante la construcción de la línea dorada, que beneficiará a 480 mil pasajeros al día, al ampliar la oferta de transporte masivo que se ofrece mediante la red, mejorar el desplazamiento de los usuarios, optimizar la comunicación interurbana y lograr un descenso efectivo de las horas-hombre-viaje, que incida en una menor necesidad del empleo de vehículos particulares.

Por ello se determinó atacar esta situación por tres frentes: el pago de los inmuebles a adquirir y la reparación de los daños causados por las empresas participantes, encabezadas por ICA, que ya están en marcha, y la indemnización a las personas físicas y morales que resulten afectadas por las obras.