El juez 51 penal del fuero común en el Distrito Federal, Julio Ángel Sotomayor Galindo, giró una orden de aprehensión en contra del dirigente de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, por el delito de presunto fraude por el desvío y malversación de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero.

De acuerdo con el oficio 22, partida 90/90 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fechado el 17 de abril de 2009, se precisa que esa orden de aprehensión es por encontrarlo probable responsable de la comisión dolosa de los delitos de administración fraudulenta.

El juez, con sede en el Reclusorio Oriente, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la aprehensión de Gómez Urrutia para que sea internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal y presentado en el juzgado 51 para que responda por las denuncias presentadas por los trabajadores. En su escrito, el juzgador presume que Gómez Urrutia se encuentra radicado en Vancouver, Canadá.

En un comunicado, Juan Carlos Pérez Mendiola, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Veta de Plata, solicitó a las autoridades federales la inmediata aplicación de la ley para castigar a los presuntos culpables del desvío millonario.

Cabe recordar que esta nueva orden de aprehensión tiene lugar luego que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió esta semana la rescisión del contrato individual y colectivo de mil 200 mineros de Cananea. En respuesta, los mineros han indicado que no desocuparán las instalaciones, sólo si son sacados por la fuerza, y responsabilizaron al presidente Felipe Calderón de cualquier acción de violencia en contra de los huelguistas y sus familias.

Además de que el mes pasado el octavo tribunal colegiado en materia penal en el Distrito Federal, confirmó que las tres órdenes de aprehensión libradas por los jueces 18 y 32 penales en el Distrito Federal y 2 en Sonora son inconstitucionales, y por lo tanto otorgó el amparo solicitado en su oportunidad por Napoleón Gómez Urrutia.

Adicionalmente, el gobierno mexicano formalizó a fines de diciembre del año pasado una petición de extradición a las autoridades de Canadá para que el líder minero sea sometido a un procedimiento judicial y enviado a nuestro país, por presuntos delitos vinculados con la extinción del fideicomiso de los 55 millones de dólares. El sindicato ya se inconformó.

La petición para dar inicio a los trámites diplomáticos de extradición tuvo lugar tres años después de que Gómez Urrutia se exilió en Vancouver, luego de que desde febrero de 2006, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, iniciaran las acusaciones penales en contra del líder minero.