En un contexto de lucha contra el crimen organizado o de alta polarización social es necesario que el Estado garantice la protección a los periodistas, afirmó la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino.

En un panel sobre la libertad de expresión, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la abogada colombiana señaló que en casos como la lucha contra el narcotráfico los gobiernos se deben abstener de estigmatizar a los periodistas, y por el contrario impulsar los procesos judiciales por agresiones en su contra.

En la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, ni la prensa ni los defensores de derechos humanos son los enemigos, dijo, ya que es muy fácil que en esos contextos de conflicto los periodistas críticos o las organizaciones sociales queden en tierra de nadie.

Por este motivo, dijo, hay que investigar los crímenes contra periodistas, condenar a los responsables, mediante procesos judiciales eficientes.

En el acto, al que también asistió el relator de especial para la libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue Levy, dijo que otros retos en la materia son evitar que se criminalice la protesta social e impulsar el acceso de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, a los medios de información.

Catalina Botero Marino indicó que, aunque ha habido avances en cuanto a la censura, esto no significa que ya no exista, pues hay mecanismos de censura sutiles que son peligrosos, como el uso de la publicidad oficial para financiar a los medios (de información) amigos y castigar a los críticos, además del uso de las facultades fiscalizadoras para intimidarlos.

Además, dijo, existen mecanismos para silenciar, como cuando las voces disidentes no puedan acceder a la radio y la televisión simplemente porque hay monopolios que se han apropiado de todas frecuencias, lo que propicia que no sepamos lo que piensan los indígenas, por ejemplo.

El relator de libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue Levy, se pronunció por terminar con la discriminación y respetar las ideas de esos sectores, pues en el caso de los indígenas, éstos tienen derecho a dar a conocer y reproducir su idioma, por ejemplo, y el Estado tiene la obligación de generar esas alternativas.

La Rue Levy, quien fue candidato al premio Nobel de la Paz en 2004, también se pronunció, al igual que Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por no permitir el uso de la ley y el derecho penal con el propósito de criminalizar la protesta social, en referencia a la intención de reglamentar las marchas.

Por su parte, el titular de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, informó que en 2008 se registraron 18 agresiones contra periodistas en la ciudad de México, y en lo que va de este año suman tres.