Autoridades del municipio de Tepoztlán e integrantes del Congreso de Morelos pidieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, que se resuelva a la brevedad, de manera favorable, la controversia constitucional que interpusieron en contra del reglamento de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, con el cual se autorizan las siembras de maíz transgénico.

A casi un año de que las autoridades de Tepoztlán interpusieron la controversia constitucional en contra del citado reglamento –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo del año pasado–, la SCJN no ha emitido ningún resolutivo, lo que ha preocupado a las autoridades de dicho municipio ya que consideran que la autorización de siembras experimentales de maíz transgénico pone en riesgo a los maíces criollos y al libre intercambio de semillas entre los pueblos indígenas.

Consideraron que con dicho reglamento se viola el objeto de la ley de establecer los mecanismos de bioseguridad que permitan la protección del ambiente frente a la liberación de organismos genéticamente modificados; hay preocupación en los campesinos porque la norma que debería proteger al maíz criollo pone en riesgo al grano, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable.

En imagen de archivo, mazorcas de maíz modificado genéticamente por la trasnacional Monsanto (de la variedad MON810), producidas en un terreno cercano a Berlín; el pasado 14 de abril Alemania vetó el cultivo de dicha cepa (que ya había sido autorizado por la Unión Europea) que, dice, representa un riesgo para el ambienteFoto Ap

Con la asesoría de especialistas en el tema, las autoridades de Tepoztlán afirmaron que el citado reglamento favorece la siembra del maíz transgénico ya que procura hacer más ágiles los permisos pues realiza la revisión con información incompleta; establece plazos que prácticamente obstaculizan los procedimientos de consulta a los comités o el análisis adecuado de la información, y otorga facultades que la ley no prevé para los comités internos de bioseguridad.

Dicho reglamento, abundaron, no considera los centros de origen, de biodiversidad, ni los mecanismos de consulta de la sociedad civil, municipios, y en particular de los pueblos indígenas. Tampoco establece mecanismos de control al movimiento transfronterizo de los organismos genéticamente modificados.

Para las autoridades de Tepoztlán esos vacíos en el reglamento de la Ley de Bioseguridad afectan al pueblo indígena tepozteco ya que obstaculizan su desempeño en la conservación y protección de la semilla del maíz y en el cuidado del ecosistema.

Antes de que se otorguen los permisos para liberar al maíz transgénico, la Corte debe dirimir el conflicto y sentar bases firmes en la política de bioseguridad del país, pues no se puede avanzar sobre la ilegalidad, señalaron.