Moscú, 16 de abril. Dentro del tácito entendimiento de interferir cada vez menos en el manejo interno de la república norcaucásica a cambio de mantener una proclamada lealtad de su gobernante a Rusia, el Kremlin satisfizo hoy la insistente petición de Ramzán Kadyrov, presidente de Chechenia, de derogar ahí el régimen de operación antiterrorista (KTO, por sus siglas en ruso), que impuso hace diez años para combatir el separatismo checheno.

Al amparo del KTO, en los años recientes, las autoridades de Chechenia y las fuerzas federales cometieron todo tipo de abusos y atrocidades contra la población civil, como arrestos arbitrarios, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, según las documentadas denuncias que formularon en su día diversos organismos de derechos humanos y voces críticas como la de la periodista Anna Politkovskaya, acallada a tiros en Moscú en octubre de 2006.

En cumplimiento de las instrucciones del presidente Dimitri Medvediev, el presidente del Comité Nacional Antiterrorista, Aleksandr Bortnikov (también director del FSB, Servicio Federal de Seguridad como se conoce ahora al antiguo KGB), abrogó a partir de las 00:00 horas del 16 de abril la orden que declaraba zona de operación antiterrorista el territorio de la república de Chechenia, informó el Comité este jueves.

Algunos medios interpretan el anuncio como finalización oficial de la segunda guerra ruso-chechena –la cual, comenzó en 1999 y, de hecho, terminó en 2003 con la fractura de las fuerzas secesionistas y la imposición del clan Kadyrov al frente de un gobierno pro ruso en Grozny–, aunque el comunicado del Comité precisa que el cambio de estatus legal sólo busca crear condiciones para la ulterior normalización de la situación en la república (de Chechenia).

Esto significa que, desde hoy, la lucha antiterrorista en Chechenia se llevará a cabo en consonancia con las normas que rigen en el resto de Rusia –es decir, ya no se podrá realizar cateos sin orden judicial ni retener indefinidamente en la cárcel a un sospechoso sin presentar cargos en su contra, por poner dos ejemplos de los abusos más frecuentes–, pero seguirán en vigor algunas de las restricciones que establecía el KTO.

No se detalla, como suele suceder cuando la lucha por el poder determina que el impacto mediático de una noticia vaya por delante de la realidad, qué limitaciones se levantarán y cuáles no, pero es de suponer que ya no habrá toque de queda y los chechenos gozarán de mayor libertad de movimiento en su territorio.

Aunque diezmada, la guerrilla separatista que encabeza Dokku Umarov no ha depuesto las armas y, si bien con menos intensidad, aún efectúa incursiones, emboscadas y atentados.

Por ello, seguirá habiendo retenes, aunque quizás en menor número dentro de las ciudades y poblados, y se instalarán más bien en sus perímetros, en las principales carreteras y en las fronteras administrativas con otras repúblicas del Cáucaso del Norte, donde la situación es más inestable que en la propia Chechenia.

Justamente ahí, en las regiones colindantes, serán reubicados los 20 mil efectivos de las tropas del Interior que prometió sacar Rusia cuando se derogara el KTO.

Para apoyar al numeroso contingente armado de chechenos supeditado a Kadyrov, se quedan en Chechenia las tropas federales de emplazamiento permanente, la 42 división del ejército y la 46 brigada dependiente del Ministerio del Interior.

La supresión del KTO –que hasta el último momento contó con fuerte oposición de los militares rusos, que dejarán de recibir el sobresueldo por servir en una zona de alto riesgo– es un triunfo de Kadyrov que gobierna Chechenia como si fuera un territorio virtualmente independiente, con cada vez menos contrapesos federales.

No es fortuito que, apenas unas horas después de que el Kremlin accedió a su petición de derogar el KTO, Kadyrov haya anunciado que el aeropuerto de Grozny, la capital chechena, tendrá pronto estatus de internacional con aduana propia. Chechenia quiere disponer de esa fuente alternativa de ingresos, importante aunque no llegue a compensar el recorte de casi 30 por ciento en las millonarias asignaciones que, antes de la crisis económica, recibía del presupuesto federal.