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Lourdes Edith Rudiño La huelga de académicos del Colegio de Posgraduados (Colpos) –estallada el 15 de febrero y prevaleciente al cierre de este edición– destapó una cloaca de corrupción millonaria que vulnera las fi nanzas de este centro y –al implicar tratos con empresas fraudulentas de dudosa calidad y capacidad– deteriora el presti gio internacional impecable que esos académicos han construido a pulso. En 2001 el Colpos, que en febrero cumplió 50 años de existencia, fue reconocido como centro público de investigación (CPI), con grado de excelencia académica, dentro del sistema SEP-Conacyt (Secretaría de Educación Pública-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Ello implicó la obligación de homologar los salarios de los profesores-investi gadores del Colegio con sus pares del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico (Cinvestav), que es el CPI que mejores niveles salariales registra. Hoy, a ocho años de distancia, no se ha cumplido esto, y he allí el motivo de la huelga. Lo que sí ha cumplido la dirección del Colpos, a parti r de la estatus de CPI, es la creación en 2005 de un fideicomiso de administración e inversión (con número 167304) cuyo objetivo es dar flexibilidad financiera a la institución por vía de la captación de recursos económicos externos para la realización de trabajos de investigación; el fideicomiso, se supone, debería conformarse con el dinero sobrante después del fi nanciamiento de cada proyecto, pero está operando de forma ilegal, con transferencias no de los sobrantes, sino del cien por ciento de los montos, en un marco de proyectos plagiados a académicos del Colegio, confl ictos de intereses y asignaciones directas millonarias a un número reducido de empresas (que tienen socios y empleados compartidos). Un grupo de académicos del Colegio inició una investigación, con consultas vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para saber qué pasa con los dineros en el Colpos, y –además de analizar el presupuesto federal (que en 2004-08 infló exagerada e injustificadamente, en 598 por ciento, su capítulo 3000, para gastos de viáticos, telefonía celular, pasajes de avión, asesorías, renta de vehículos y de edificios, en detrimento del capítulo 1000 para salarios)– se enfocaron en principio a Enrique Mejía Sáenz, un miembro del llamado dream team del Colegio, esto es uno del grupo de unos 20 académicos y administrativos que gozan prebendas y que dirigen el llamado “corporativo”, instancia creada hace unos cuatro años que ocupa un edificio ostentoso en el Campus Montecillo. Los resultados de las consultas con el IFAI fueron entregados a la Cámara de Diputados, cuyo pleno ordenó el 11 de marzo pasado una auditoría integral del Colpos a la Auditoría Superior de la Federación. De ellos destaca: Desde hace cuatro años Mejía Sáenz, profesor del Programa de Hidrociencias del Campus Montecillo, ha recibido varios proyectos con un importe de 566 millones 492 mil 764.70 pesos de convenios de colaboración principalmente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en fechas recientes con la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). De la información que logró documentarse, se observa que hay 35 proyectos aprobados en 2008 y con depósitos en 2009 en el fideicomiso, por 238 millones 863 mil pesos. De esos, 22 transfirieron el total del dinero recibido por el Colpos al fideicomiso (sin haber pasado por la fase de financiamiento del proyecto). Del monto total, 208 millones 196 mil pesos llegaron al fideicomiso, o sea 87 por ciento. Enrique Mejía ha girado instrucciones, vía oficios seriados, a Gloria Isabel Sánchez Torres, secretaria técnica del fideicomiso y secretaria administrati va del Colpos, para que pague servicios contratados por asignación directa (sin concurso ni licitación, lo cual es violatorio de la Ley de Adquisiciones del Sector Público) a varias empresas, principalmente Telycom, Centro Mexicano de Investigaciones Hidroagrícolas (CMIH), Manejo Integral de Cuencas, SA de CV (MICA) y a cuentas particulares de Fernando López Upton, Alfredo Valencia Moreno y Edgar Ariel Espitia Guzmán, estos dos últimos con el mismo domicilio fiscal que Telycom. Todas esas compañías y personajes están vinculadas con Mejía Sáenz como colaboradores, socios o familiares. Telycom –propiedad de Ricardo Ávila Balcázar con domicilio en Texcoco– se llamó Ávila Balcázar y Compañía (Abyc) y Computadoras, SA CV en 2000-05 y preservó en los tres casos el mismo registro federal de causantes y la misma página web y correo electrónico. A principios de este 2009 Telycom desapareció; se convirtió en Century Impresión Digital GPS y ahora el gerente es Alfredo Valencia Moreno. Telycom, que físicamente era un changarrito de 3.5 metros de fachada, declara en sus facturas dedicarse a la “venta de equipo de cómputo, consumibles, papelería (...) y todo lo necesario para su oficina” y garantiza sus servicios por un año; inició su relación con el Colpos en 2000 con ventas por 15 mil 32 pesos; en 2005 le facturó 213 mil 647, en 2006 superó los siete millones y medio, para 2007 llegó a 11 millones 860 mil y en 2008, entre enero y octubre facturó al Colpos 41 millones 358 mil 804 pesos. Hay un oficio del 29 de mayo de 2008 donde Mejía Sáenz informó al director general del Colpos, Félix González Cossío, que Telycom es “altamente especializada y confiable para apoyar trabajos de campo y gabinete” y para el desarrollo de modelos integrales de sistemas de información geográfica y edáfica (análisis de suelos en su relación con las plantas), La recomendó así para que participara en la segunda fase del proyecto Digitalización del Campo Cañero de México para Alcanzar la Agricultura de Precisión de la Caña de Azúcar, proyecto éste que también en su primera fase tiene historia corrupta. En el oficio se recomienda además a la compañía Productividad en su Empresa, la cual ya no existe. El caso es que el fideicomiso hizo transferencias millonarias documentadas en facturas segmentadas de Telycom (varias con el mismo concepto muy difuso de “trabajo de campo y gabinete”, fechadas en un mismo día). Las solicitudes de los pagos fueron elaboradas y autorizadas por Enrique Mejía; las facturas las firmó él, y los pagos fueron hechos en un tiempo inusual (una semana después de cada solicitud) vía transferencias a una cuenta bancaria de Ángel Franco Ayala, gerente de Telycom. Los contratos carecen de reportes técnicos que deberían exigirse considerando los montos. Se observa que durante su corta vida (con esta razón social) Telycom hizo prácticamente toda su facturación con el Colpos; las facturas van seriadas. Tan sólo entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2007 (antes de involucrarse en el plan de Digitalización del Campo Cañero ) esta “papelería” registró 16 facturas por cinco millones 648 mil pesos con el concepto “trabajos relati vos al desarrollo de planes de inversión en distritos y unidades de riego”, según documentó Alberto Raúl Macías en la publicación local de Texcoco Mirada Regional, el 11 de marzo. Macías se pregunta “¿El director González Cossío no se entera de estos manejos que se suceden a ritmo de ametralladora?” Entre las facturas mostradas a esta reportera por académicos que documentan la corrupción, destaca una de fines de 2008 por 10 millones de pesos por un “módulo integral de sistemas de información geográfica de zonas cultivadas”, algo que, dicen los expertos, no debería costar más de dos millones y eso, muy bien pagado. Aquí debe destacarse que Enrique Mejía es socio en la compañía CMIH (de las arriba mencionadas como vendedora de servicios al Colpos) cuyo sitio web, www.cmih.com.mx, fue recientemente desaparecido; le espantaron las peticiones de académicos al IFAI. Ricardo Ávila Balcázar y Ángel Franco (los de Telycom) son colaboradores también de CMIH. Esto es, Enrique Mejía solicita y autoriza pagos del Colpos y además recibe el pago, pues es parte de este grupo de “empresarios”. Negocio redondo. En una presentación de power point que hizo CMIH, donde utiliza como si fuera propio el logo del Colpos, señala que trabajó 42 proyectos en 2008. Se presume que todos éstos recibieron recursos del fideicomiso. Está pendiente que el Colpos informe al respecto para atender una solicitud hecha vía el IFAI. No ha respondido al IFAI con el argumento de la huelga. Entre los documentos obtenidos por medio del IFAI, está un depósito del fideicomiso a la cuenta personal de Fernando López Upton, por ocho millones de pesos, de septiembre de 2008. Él es un “administrador de bajo rango” del Colpos, no es académico y por tanto no hay razón para que se le haga este pago; él es cercano al grupo de socios de Mejía. Asimismo, el propio Enrique Mejía solicitó en dos oficios del ocho de diciembre de 2008 dirigidos a Gloria Isabel Sánchez que le transfieran del fideicomiso a su cuenta personal 27 mil 500 y 19 mil pesos, respectivamente, “para dar trámite a apoyos aprobados por la comisión y seguimiento” en un proyecto con la Conagua. Cabe señalar que en diciembre de 2007 Telycom facturó al Colpos ventas por más de ocho millones de pesos en computadoras, cámaras de video, digitales, impresoras, pantallas, sistemas de sonido y otros, pero todo ese equipo, justificado para proyectos de investigación, no aparece; los directivos del Colegio han dicho que está inventariándose, aunque ya transcurrió más de un año; también han dicho que el equipo quedó en manos del corporativo, lo cual es ilógico pues su objetivo era el trabajo de investigación. Esa compra sí se hizo bajo concurso, pero resulta que de tres empresas participantes dos eran en realidad una sola: Telycom y Abyc, y sospechosamente Telycom ofreció los precios más bajos en todos y cada uno de los equipos. La información sobre Enrique Mejía es muy abundante. En el portal de transparencia del Colegio apareció información sobre una adjudicación directa hecha a favor de MICA para realizar “apoyo en campo y gabinete y muestreo de suelos”, por 130 millones de pesos para la primera fase del proyecto de Digitalización del Campo Cañero. El Colpos inhabilitó por varios días su página web y cuando la restableció la cifra había cambiado a 13 millones. Destaca el hecho de que Luis Torres Cedillo, militante del PAN y esposo de la ex regidora panista por Texcoco, Cecilia Benítez Sánchez, es gerente de MICA. Y sus hijos Luis y Elibeth Torres Benítez son parte del equipo de la empresa. Elibeth es académica del Colpos y pareja sentimental de Enrique Mejía Sáenz. De acuerdo con la información obtenida vía el IFAI, la asignación fue hecha el 15 de diciembre de 2007, en el renglón relativo al contrato dice N/A (no aplica) y en cuanto a los gastos señala que el Departamento de Contrataciones “no tiene esa información”. Desde agosto de 2008 el IFAI instruyó al Colegio entregar la información completa, pero aún no hay respuesta. Del total de 2 mil 622 contratos otorgados por el Colpos en 2007 y 2008, sólo 66 fueron someti dos a concurso. La gran mayoría fueron por asignaciones directas y con la injerencia del famoso fideicomiso, del cual dicen los académicos que buscan transparencia, “es un hoyo negro”. Aunque hay un consuelo: los académicos recibieron de los diputados la seguridad de que las empresas privadas beneficiadas por el fideicomiso entrarán en los procesos de la ASF pues la ley ya lo permite. Destaca que Enrique Mejía ha sido el responsable técnico de 110 proyectos externos de 2005 a 2008, sobre todo de la Conagua y de la Sagarpa. Y que, además de beneficiar a las empresas mencionadas, ha dado contratos por asignación directa a otras empresas en procesos oscuros, como es el caso de Irrigación México, SA (Irrimex), de Guanajauto. El 22 de diciembre esa empresa envió una factura por 811 mil pesos al Colpos y el mismo día Enrique Mejía ordenó su pago. Está también el caso de Asesoría Rural, Estudios y Diagnóstico en Cuencas Hidrográficas (Aredchi) a la cual le autorizó pagos de contratos por asignación directa por tres millones 678 mil pesos en 2007 y 2008. Aredchi llama la atención, porque, al hacer esta reportera una búsqueda rápida por internet surgió una página del Insti tuto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) dependiente de la Conagua, donde se dice que, con una vigencia del 15 al 23 de octubre de 2008, realizó un concurso por la modalidad de invitación a cuando menos tres personas para un “estudio edafológico del sistema ambiental regional Paso de la Reina”. Las empresas son precisamente Aredchi, junto con MICA, CMIH donde Mejía tiene intereses, y otra más, Protolab, SA CV, a la cual no se le pudo encontrar vínculo. El hoyo negro no sólo está en el fideicomiso del Colpos, sino en muchos pagos y decisiones que hace el “corporativo” de la institución con los recursos federales del Capítulo 3000 del presupuesto. Lenin Guajardo, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos del Colpos (Siacop), comenta por ejemplo que, antes de ser inhabilitada temporalmente, la página de transparencia del Colpos mostraba el dato de que el Colegio pagó durante mes y medio un millón 815 mil pesos a una persona por asesoría jurídica para confrontar la huelga del Siacop y la del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colpos, las cuales ocurren en paralelo. Los directivos del Colpos dijeron que había un error “de dedo, en dos ceros”, que el pago fue de 18 mil 500 pesos. Según Lenin Guajardo, quien participa en documentar las irregularidades del Colpos, para remodelar la oficina del director jurídico del Colpos se gastaron 250 mil pesos, “una cantidad exagerada considerando que en Texcoco, donde se ubica el Colegio, serviría para comprar una casa con todo y terreno... el problema es que el edificio del corporativo del Colpos tiene oficinas de primer mundo, con puertas automáticas, mientras que las áreas de investigación carecen a veces de computadoras, impresoras, sillones”. Se tiene documentado que el Colpos pagó 250 mil pesos para un proyecto arquitectónico de construcción de un segundo piso de la cafetería. “Con ese dinero seguramente se hubiera construido el piso”, según Guajardo. |