Nueva York, de 15 abril. El presidente Barack Obama viajará a México como primera escala en su presentación formal ante América Latina, hacia la Cumbre de las Américas, pero a diferencia de las relaciones con todos los demás países, con su vecino del sur es más un asunto de política interna que de exterior.

La relación de Estados Unidos con México, como con ningún otro país (tal vez con la excepción de Cuba), obedece más a presiones políticas internas que externas. Así, las políticas sobre los tres temas principales de la relación bilateral –narcotráfico, migración y libre comercio– no resultan sólo de negociaciones entre las dos capitales y sus mandatarios, sino más bien entre Washington y las fuerzas políticas y sociales dentro de este país.

Por el momento, el tema bilateral más delicado es el de la violencia ligada con el narcotráfico, el cual se ha vuelto un asunto de política interna al intensificarse el debate sobre la seguridad fronteriza y la amenaza que los cárteles mexicanos representan de este lado de la frontera.

Esto ha generado presiones internas para el gobierno de Obama, desde llamados a militarizar la frontera, hasta advertencias, nutridas por algunos centros de análisis y hasta sectores militares, de que México está en peligro de volverse un Estado fallido.

Dennis Blair, director de Inteligencia, informó al Congreso en febrero pasado que “la influencia corruptiva y la creciente violencia de los cárteles de la droga mexicanos (…) impiden la capacidad de las autoridades federales de gobernar partes de su territorio y construir instituciones democráticas efectivas”. En ese contexto, el gobierno de Washington ha afirmado que el crimen organizado mexicano está presente en por lo menos 230 ciudades estadunidenses.

Militares, altos funcionarios de inteligencia, legisladores y algunos analistas han llegado a calificar a México –o por lo menos a la violencia ligada con el narcotráfico– como una de las principales amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los gobernadores de Texas y Arizona han solicitado formalmente al presidente Obama el envío de tropas, aunque éstas sean de la Guardia Nacional, a la frontera.

Frente a esto, Barack Obama está ante una situación interna donde tiene que reconocer que México representa una amenaza, y a la vez expresar que es uno de los mejores amigos de Estados Unidos.

Antonio González, presidente del Instituto William C. Velásquez, y veterano analista de la relación bilateral, dijo a La Jornada que Obama se encuentra en una cuerda floja donde tiene que proyectar que está tomando acciones decisivas para defender a Estados Unidos ante la amenaza de la violencia en el país vecino y, a la vez, afirmar que somos aliados, y ése es un mensaje muy difícil de transmitir políticamente.

La demanda por parte del gobierno mexicano de que Estados Unidos haga más para detener el flujo de armas, también es complicada para Obama, por las realidades políticas internas, empezando por el hecho de que es legal comprar y poseer armas aquí. Eso hace casi imposible que el gobierno aplique medidas efectivas para controlar el flujo de arsenales de este lado de la frontera, además de que todo intento de regular armamento en manos privadas en Estados Unidos provoca una intensa guerra política. Por otro lado, los escasos recursos federales para monitorear a los más de 78 mil comerciantes de armas legales que existen en este país –miles de los cuales están en estados fronterizos– complican el asunto.

Ayer, en el Museo de Cera de la ciudad de MéxicoFoto Reuters

La migración es el otro gran tema de la política bilateral que se subordina a política interna. El gran debate migratorio ha convulsionado a este país en los últimos ocho años y sigue siendo uno de los temas prioritarios tanto entre la cúpula, como en amplios sectores sociales. La semana pasada, Obama refrendó su intención de promover una reforma migratoria integral, aunque se limitó a proponer que se iniciara un proceso de consulta sobre el tema y no el impulso de una iniciativa legislativa para lograrla este año.

Agrupaciones latinas y de defensa de migrantes, sindicatos, asociaciones empresariales, Iglesia católica y otros, elogiaron el pronunciamiento y ya han iniciado esfuerzos nacionales para apoyar la reapertura del tema por Obama.

Todo esto sin ninguna interlocución explícita desde el lado mexicano, ni del gobierno ni de la oposición política, a pesar de que, según las cifras más recientes calculadas por el Pew Hispanic Center, hay 12.7 millones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, esto es, más de uno de cada diez de los nacidos en México viven de este lado de la frontera, y que los mexicanos ahora son 32 por ciento de todos los inmigrantes en Estados Unidos, y 55 por ciento de ellos son indocumentados (casi 60 por ciento de los 12 millones de indocumentados son mexicanos).

El tema no fue incluido como prioridad en la primera reunión entre Obama y Felipe Calderón, en febrero, y ahora no es resaltado entre los que están sobre la mesa en esta visita por ninguna de las partes. El asunto es ineludible para Obama, no por negociaciones políticas bilaterales, sino como asunto de política interna.

Un ejemplo de las presiones domésticas que están determinando la política bilateral es la disputa sobre abrir paso a los camiones mexicanos; Estados Unidos promueve el libre comercio para México, pero impone restricciones proteccionistas unilaterales en respuesta a presiones políticas internas.

Pero más allá de este conflicto coyuntural, hace 15 años se puso en práctica el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), con la promesa de que México se integraría a la prosperidad del norte, y ahora exportaría productos y no gente. En Estados Unidos el tema dividió al Partido Demócrata, que hoy encabeza Obama, y la oposición a las políticas de libre comercio entre amplias bases de ese partido, sobre todo sindicatos, organizaciones de consumidores y ambientalistas, es tan ferviente como siempre. Ésta se manifestó cuando Obama fue obligado como candidato presidencial a prometer que buscaría renegociar partes del TLCAN, sobre todo en aspectos laborales y ambientales.

Ante la peor crisis económica desde la Gran Depresión, los asesores de Obama en política internacional evitan referencias al libre comercio y prefieren referirse a iniciativas conjuntas para enfrentar la crisis, el asunto de cooperación en torno a energía y a enfrentar el cambio climático.

Ahora, en lugar de esa prosperidad compartida, hay una frontera con muros (los cuales fueron aprobados por Obama cuando era senador), más agentes federales, planes de contingencia para militarizar la franja, y advertencias de que México representa una potencial y seria amenaza a la seguridad de Estados Unidos.