l gobierno mexicano asistió a la reunión del G-20 y firmó los acuerdos. El documento central emitido fue el Plan Global para la Recuperación y la Reforma. En él se reconoce que la crisis se profundizó desde la reunión de Washington del 15 de noviembre, lo que obligó a esos 20 gobernantes a tomar medidas trascendentes que pudieran resolver una crisis eminentemente global. Las soluciones globales que se acordaron se concentran en seis propósitos que combinan la necesidad de salir rápidamente de la crisis con la intención de evitar que ocurra nuevamente.
Los 20 gobiernos se comprometieron a hacer lo que fuera necesario
para restaurar el crecimiento y la generación de empleos, arreglar el sistema financiero para que vuelva a otorgar crédito, fortalecer la regulación financiera y reconstruir la confianza, fundar y reformar las instituciones financieras internacionales para vencer esta crisis y prevenir futuras, promover el comercio internacional y la inversión, rechazando el proteccionismo, y, finalmente, construir una recuperación incluyente, sostenible y verde.
El primer propósito es el fundamental: recuperar el crecimiento y la capacidad de crear empleos. Para ello se compromete una expansión fiscal concertada sin precedente
, que salvará y creará millones de empleos que se habrían perdido. Los bancos centrales de esos países han instrumentado medidas monetarias que han reducido drásticamente las tasas de interés buscando garantizar que se sostengan las políticas expansivas. Además, es indispensable que se restablezcan la capacidad de préstamo de los bancos y los flujos internacionales de capital hacia los países en desarrollo.
Honrar un compromiso de esta importancia es básico. El gobierno de Calderón tendría que estar haciendo en nuestro país todo lo que fuese necesario para que la tasa de crecimiento económico y el número de empleos de nueva creación estuviesen a la altura de los requerimientos mundiales. México es una economía de tamaño significativo, ubicada entre las 15 más grandes del mundo, de modo que podría contribuir a la recuperación de la economía y del comercio mundial. Desafortunadamente, no parece que el gobierno sea capaz de estar a la altura de esos compromisos.
El señalamiento de que mientras en otros países se pierden millones de puestos de trabajo se crearon 3 mil 630 en México durante marzo, es una muestra más de la incapacidad gubernamental para enfrentar verdaderamente las dificultades de los 578 mil 373 trabajadores que han perdido su empleo desde noviembre, lo que implica que alrededor de 2.3 millones de personas estén enfrentando problemas de subsistencia. Evidencia, asimismo, la reticencia a reconocer que cientos de miles de familias reciben remesas cada vez de menores montos, o bien que las han dejado de recibir, y que es urgente tomar las medidas que sean necesarias
para que sus condiciones de vida se mantengan.
Reitera, además, el intento gubernamental por trivializar la magnitud de una crisis que no se quería reconocer. Durante meses el gobierno mantuvo la idea de que el ciclo económico mundial estaba desacoplado, lo que implicaba que, pese a que los países desarrollados estuviesen en recesión, los países emergentes seguiríamos creciendo. Esa hipótesis tuvo que desecharse, sustituyéndose por la certidumbre de que el contagio recesivo a las economías emergentes era irremediable y que lo que estaba por dilucidar era si el impacto reduciría el ritmo de crecimiento o si generaría recesión. La respuesta al dilema está en la política anticíclica que se instrumentase.
El gobierno federal reconoce explícitamente que en este año la economía se contraerá 2.8 por ciento. Piensa que habrá una recuperación moderada a partir del segundo semestre, si la crisis inmobiliaria estadunidense termina, y advierte que habrá aumentos de impuestos para resarcir la pérdida de ingresos petroleros. Para él, según parece, la crisis habrá sido superada el año próximo. Su torpeza es proverbial. Sus compromisos, como siempre, son sólo declarativos, no importa que se hagan en el G-20. El gobierno federal de nuevo falló.
