Pese a haber encontrado contradicciones sustanciales en el proceso contra la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien lleva dos años y medio en la cárcel acusada del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el tribunal unitario de circuito número 22, con sede en Querétaro, determinó reponer el procedimiento en lugar de absolverla, informó el abogado Luis Arriaga Valenzuela.

El también director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Santiago Aguirre, coordinador del área de defensa integral de dicha organización, detallaron que el magistrado del citado tribunal, Hans Eduardo Muñoz López, devolvió el expediente al juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, a fin de que éste desahogue nuevamente pruebas.

De esta forma, la misma autoridad que condenó a Jacinta a 21 años de prisión tendrá el caso en sus manos. Esto, señaló Arriaga, implica alargar su prisión, aun cuando no se compruebe su presunta culpabilidad. Vemos con preocupación e indignación esta medida porque, ante la duda, no se le absolvió, sino que se optó por continuar el encarcelamiento.

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó ayer que el magistrado Muñoz López encontró contradicciones sustanciales en las afirmaciones de los agente federales, municipales y testigos que acusaron de secuestro a Jacinta, condenada en 2006 a 21 años de prisión y al pago de una multa de 2 mil días de salario mínimo. Por estas inconsistencias se ordenó al juez de primera instancia reponer a la brevedad posible el procedimiento penal y efectuar diversos careos entre los denunciantes y la acusada.

Esta decisión alargará el juicio entre dos y seis meses, tiempo en el que Jacinta continuará en la cárcel, ya que el delito de privación ilegal de la libertad es grave y los indiciados no tienen derecho a libertad provisional.

El órgano colegiado recordó que Jacinta fue señalada, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, como responsable de encabezar a un grupo de entre 80 y 100 personas que en marzo de 2006 retuvieron a seis integrantes de la AFI en un mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde los policías realizaban un decomiso de discos piratas.

En Querétaro, Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro Prodh, dijo: En este momento ya no hay sentencia para Jacinta, ya no está condenada a 21 años de cárcel; sin embargo, va a seguir en prisión preventiva indefinidamente, hasta que se realicen los nuevos careos.

Estela Hernández Jiménez, hija de la indígena, dijo que en su familia se sienten más confundidos, más desesperados y más ignorados porque han recurrido a los tres niveles de gobierno sin respuesta alguna.

El centro Pro analiza la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales porque es evidente que se está criminalizando la protesta.