El director del Sistema de Transporte Colectivo (SCT-Metro), Francisco Bojórquez Hernández, anunció que a partir de mayo comenzará la limpia de vagoneros, con la reubicación de 300 invidentes en locales comerciales construidos en las instalaciones del medio de transporte, y la revisión de las condiciones en que operan los 970 concesionados, por lo que se cancelarán los permisos de aquellos que no cumplan con las medidas de protección civil y pongan en riesgo la seguridad de 5 millones de usuarios que utilizan la red diariamente.

En entrevista, reconoció que el personal del organismo carece de capacidad para cumplir con la Ley de Justicia Cívica y remitir al juzgado a los cientos de vendedores que ofrecen su mercancía en vagones, pasillos y correspondencias, cuando sea primera ocasión, o solicitar, además, su arresto, en caso de reincidencia, cuando dicha tarea corresponde a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y eso significa que nuestros policías descuiden sus funciones de vigilancia.

Ante ello se buscó una solución de fondo y se acordó la construcción de 300 locales comerciales, en una primera etapa, con una inversión de 12 millones de pesos, donde se reubiquen entre mil 200 y mil 800 vagoneros, conformados en sociedad cooperativa, a fin de que aprendan a manejar economías de escala y estén en condiciones de atender al público, llevar su propia contabilidad y los sistemas financieros y administrativos que representa un negocio, señaló.

La meta es apoyar a los 2 mil 800 comerciantes que integran el padrón levantado en diciembre pasado entre las diversas organizaciones, con la premisa de conformarse en cooperativa y no distribuir productos piratas o que provengan de actividades ilícitas, pues se trata de que cuenten con una actividad formal y digna, y dejen de ser remitidos al juzgado cívico, donde el pago de una multa equivalente a uno o dos salarios mínimos “les implica perder la venta del día.

“No se trata de despojarlos de la única forma que tienen de ganarse la vida, sino de ofrecerles una alternativa laboral permanente, pues nuestro objetivo es que a finales de año no exista ni un solo vagonero en las instalaciones, consideradas de alta seguridad. Y a eso le apostamos con este programa de reubicación”, afirmó, al señalar que los invidentes y las personas con discapacidad serán los primeros beneficiarios.

Los demás vendedores se sujetarán a un programa de entrega más riguroso para evitar usen los locales recién construidos como bodegas, mismos que se complementarán con un número similar con la puesta en marcha de la línea 12 y la rehabilitación de las paraderos de El Rosario, Martín Carrera, Zaragoza y Politécnico, proyecto que echará a andar en unas semanas la Secretaría de Finanzas y la empresa Capital en Crecimiento, con una inversión privada superior a los 4 mil millones de pesos.

Ello dará pie a un programa de revisión de las condiciones de seguridad que existen en los 970 locales concesionados, a fin de solucionar problemas añejos, de hace más de 40 años, en materia de suministro eléctrico, seguridad, agua y limpieza. Los que no cumplan con estas medidas se van, porque no vamos a poner en riesgo a los 5 millones de pasajeros que diariamente se mueven en la red, para lo cual trabajaremos de manera estrecha con el sindicato del organismo, afirmó.