Los más fuertes señalamientos contra Miguel Ángel Jiménez, director de la Lotería Nacional (LN) separado temporalmente de su cargo, provinieron, paradójicamente, del propio PAN, en particular del campechano Jorge Nordhausen, quien dijo que si las acusaciones contra el funcionario y otros más por intentar sobornar al Diario de Yucatán fueran ciertas, los quiero ver en la cárcel.

Ante esto y contra su estrategia de guardar silencio en las acusaciones medulares con el argumento de que hay una investigación ministerial en curso, Jiménez Godínez admitió que realizó la reunión en las oficinas de Carlos Mouriño, quien se las facilitó porque la LN ya no cuenta con oficinas propias fuera del Distrito Federal. Y fue ahí donde habría propuesto un jugoso contrato publicitario al grupo editorial Megamedia, a cambio de apoyo a los candidatos campechanos del PAN a gobernador y diputados locales.

“…Tuve que acudir al auxilio de un amigo, quien me facilitó una oficina suya en donde exclusivamente estuvimos él y yo, y la persona que me acompañaba de la Lotería Nacional, con dos representantes comerciales del grupo Megamedia”, respondió a las múltiples interrogantes formuladas por los diputados de la comisión legislativa encargada de vigilar que los recursos públicos no se desvíen a las campañas electorales.

Al final, los integrantes de ese órgano legislativo resolvieron citar o invitar, según sea el caso, a Jorge Luis Lavalle Maury, ex delegado de la Secretaría de Educación Pública en Campeche y efímero coordinador de la campaña del aspirante panista a la gubernatura, Mario Ávila Lizárraga; al gerente comercial de Megamedia, y al mismo empresario Carlos Mouriño (hermano del fallecido Juan Camilo), y hacerlo cuanto antes. Del resultado de tales encuentros resolverán si presentan una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Lo que parecía de inicio una cordial reunión entre ex compañeros, pues Jiménez Godínez es diputado con licencia en la actual legislatura, y en la que éste partió defendiendo su honor y su inocencia, porque hoy simplemente desconozco quién me acusa, de qué se me acusa y qué pruebas presenta, terminó entre reclamos abiertos y velados al presidente de la comisión, Antonio Soto, del PRD, por alterar, alegaba aquél, el formato original del encuentro.

Cuando a su salida del encuentro –dos horas después– lo abordó la prensa, ya se le veía francamente afectado: cerraba fuerte e involuntariamente los ojos, contestaba quedo y algunos cercanos a él simulaban abrazarlo para, en realidad, ayudarle a caminar.

Porque hasta en la muestra de pudor político que pretendió mostrar al decir que por la mañana había solicitado separarse de su militancia y cargos directivos en el Partido Nueva Alianza (Panal), en tanto no se aclaren los hechos, le fue mal. Más tarde, la legisladora que lo sustituyó en la coordinación de los diputados del Panal, Silvia Luna Rodríguez, tronó: queremos agradecer que se haya retirado de nuestro instituto político para evitarnos la pena de la expulsión.

Así, de nada valió que Jiménez Godínez acusara a sus antecesores de tener a la LN en un régimen de excepción, irregularidad institucional, olvidada y financieramente frágil. Tampoco que alegara que negociar directamente los contratos de publicidad fue un riesgo que asumió en un año sensible, y que así como en Campeche, lo hizo en Puebla, Aguascalientes y Querétaro. Ni que sacara a cuento que la institución gasta anualmente 200 millones de pesos para dar atención médica a sus billeteros en los hospitales del grupo Ángeles. Todo fue inútil.

Ascensión Orihuela, del PRI, resumió el sentir de casi todos sus compañeros: la reunión que se realizó en Campeche es sospechosa. Y si bien Manuel Cárdenas argumentó en su favor, Marina Arvizu, de Alternativa, Mónica Fernández, del PRD, y sobre todo Jorge Nordhausen, del PAN, lo atosigaron a preguntas.

¿ No es ilógico gastar 3 millones de pesos en publicidad en Campeche, cuando la venta total anual de billetes de lotería ahí es de 13 millones? Es tan grave esta acusación que alguien debe ir a la cárcel, le dijo quien fuera aspirante a candidato de su partido a la gubernatura en aquella entidad.