os cambios de gabinete en estos tiempos de crisis global son la noticia de cada día. Los que acaba de realizar José Luis Rodríguez Zapatero responden, dice Pero Grullo, a la percepción desde el Ejecutivo español de cómo enfrentar una crisis especialmente virulenta en España. Hasta ahí no hay novedades mayores.

La mudanza que hizo en el Ministerio de Educación, en cambio, no se relaciona con la crisis, sino con los rezagos de la educación española respecto de sus socios de la Unión Europea y, más específicamente, con el gran conflicto que ha provocado en España el conjunto de decisiones que tomó el gobierno del Partido Popular, a las que se aúnan las del gobierno actual, respecto de la vinculación de la generación de conocimiento con la vida socioeconómica y con la incorporación de la educación superior al proceso de construcción del Espacio Europeo de la Educación Superior, y que ha comportado manifestaciones callejeras, a veces con cierta dosis de violencia, por parte de los estudiantes, manifestaciones de profesores y, recientemente, de rectores de universidades públicas.

La invitación que se hizo a Ángel Gabilondo para encabezar la cartera de Educación tiene como propósito urgente resolver el conflicto Bolonia. Al tiempo de incorporar al equipo de gobierno al ahora ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid y ex presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE, que es el equivalente a la ANUIES mexicana), Rodríguez Zapatero ha hecho lo que ha llamado una rectificación, que consiste en la devolución al Ministerio de Educación de las competencias legales del Estado sobre las universidades que su gobierno había trasladado al sistema español de ciencia y tecnología (SECT).

Pero sin duda, el presidente ha hecho a Gabilondo el encargo de mayor valor estratégico que, como ocurre hoy que vivimos en el ultracortoplacismo, ha pasado prácticamente desapercibido, y que es la preparación de los cambios en el modelo de crecimiento económico para la segunda década del siglo XXI, para lo cual trabajará al lado de otros ministerios.

Rodríguez Zapatero ubica estratégicamente la educación: en el centro de la preparación del futuro. Muchos de quienes trabajan en el ámbito de la educación superior saben desde hace muchos años que el conocimiento ha pasado a ser el insumo principal de la vida socioeconómica; la importancia relativa de los recursos naturales va en rápido declive, y el capital, sin la generación de conocimiento, no posee valor alguno.

Pocos dirigentes políticos han reconocido ese hecho incontrovertible y han tratado de llevarlo a los hechos. Rodríguez Zapatero lo hizo desde un principio, pero las decisiones que se han tomado han ido convirtiendo el asunto en un enredo mayor. Se trata de un complejísimo reto: cómo transitar del inservible modelo napoleónico de educación superior, basado en licenciaturas, a otro consistente con las formas como hoy se genera y usa el conocimiento.

Hoy tenemos licenciaturas tubo, como le llaman en la jerga actual los investigadores educativos: los alumnos entran por un extremo y salen por el otro, si salen, sin haberse enterado del inmenso entramado del conocimiento humano. Al egresar mirarán el mundo desde su rendija profesional y se enfrentarán al hecho, cada vez más amplificado, de que no encontrarán un espacio laboral en el que puedan utilizar los saberes y competencias que les fueron administrados en las aulas mediante el con harta frecuencia inútil modelo pedagógico de oír miles de horas de discordantes discursos profesorales.

Una licenciatura supone la entrega de una licencia para que el licenciado pueda comercializar en forma de servicios profesionales los saberes y competencias referidos. Pero siempre debimos preguntarnos para qué sirve una licencia a quien estudio poesía, filosofía, física, matemáticas, urbanismo, artes visuales, investigación biomédica, sociología, desarrollo y gestión interculturales; puede usted agregar decenas de áreas de conocimiento que no son profesiones.

Acercar la universidad a la vida socioeconómica llevó a España a decisiones precipitadas, como es el llamado sistema español de ciencia y tecnología (SECT).

Este sistema, creado por la Ley de la Ciencia de 1986, tiene como objetivos centrales instituir una mayor y mejor coordinación entre los agentes del sistema. El sector público desarrolla las políticas de ciencia y tecnología que se llevan a cabo según el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I). La Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), principal órgano estatal de política científica y tecnológica, es la encargada de su planificación, elaboración, coordinación y seguimiento.

La CICYT está presidida por la presidencia del gobierno y compuesta por los ministerios de Educación y Ciencia, de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Economía y Hacienda, de Defensa, de Sanidad y Consumo, de Medioambiente, de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, es asistida por dos consejos: uno asesor y otro coordinador de las regiones autonómicas. Y todo eso no agota al SECT.

Y a esta maraña burocrática se habían entregado las competencias legales sobre las universidades. Pero el conflicto español no termina ahí. Están también las erróneas decisiones sobre el Proceso de Bolonia, que ya comentaremos. No hicieron un nuevo sistema educativo, sino que conservaron las licenciaturas, pero las encajonaron en cuatro años, los llamados master lo comprimieron en uno, y el doctorado en tres. Es decir, el no de los universitarios a Bolonia, no es a Bolonia, sino a sus propios errores.