l proceso boliviano orientado hacia la refundación del Estado libra en estos días una batalla más para avanzar en la aplicación de la nueva Constitución, cuya aprobación significó un triunfo popular y una nueva ratificación del respaldo al presidente Evo Morales.

Son diversas las aristas para acercarnos a este proceso; prefiero hacerlo desde la relativa al campo del derecho de los pueblos indígenas, intrínsecamente ligado a la definición del nuevo Estado con carácter plurinacional. A mi juicio, en Bolivia se juega, entre otras cuestiones, la posibilidad de lograr que los pueblos indígenas sean artífices activos de ese nuevo Estado incluyente que trascienda a la mera colocación de parches de reconocimiento constitucional retórico sin que se afecte la naturaleza del Estado, cuestión más que probada en otros países de América Latina.

Hasta ahora se ha mostrado la fuerza del pensamiento popular expresado electoralmente: lo pusimos al Evo. Y así lo entiende este singular dirigente político y hombre de Estado que en estos días decidió utilizar la huelga de hambre, acompañando a dirigentes sociales de la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Central Obrera Boliviana en la misma postura. Obviamente, el impacto de una decisión así ya generó una intensa movilización en todo el país, de manera que el Senado, liderado por sectores conservadores, tendrá que s1opesar el camino de la negociación con el presidente-movimiento o con el movimiento-presidente.

Es interesante detenernos en el motivo de la huelga de hambre: exigir respeto a la Constitución y la aprobación de la Ley Transitoria Electoral en el Senado, retrasada durante meses para sabotear las elecciones previstas para el próximo 6 de diciembre.

Se trata de incorporar mecanismos legales para que el proceso de transformación profunda se mantenga en los cauces institucionales y pacíficos. La ley en cuestión contiene diversos puntos polémicos, como son el voto en el extranjero, el cual plantea la necesidad de realizar un nuevo padrón, y el relativo a la representación indígena. Así lo dijo el presidente y líder al anunciar la decisión que tomó: Cuando hablaban también de densidad de población para garantizar circunscripción especial, en el fondo es para que no exista. Pues este esfuerzo es también en defensa de las circunscripciones especiales del movimiento indígena.

Este tema generó debates en el movimiento indígena y los sectores del gobierno, especialmente la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, no estuvieron de acuerdo con la propuesta de sólo 14 circunscripciones especiales para pueblos indígenas en minoría.

Sólo para marcar el contraste sobre las experiencias que se están viviendo señalamos algunos ejemplos: en Perú, según dio a conocer la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, dio inicio una paralización indefinida (huelga) a partir del 9 de abril pasado, para exigir la derogación de los decretos legislativos lesivos a los derechos de los pueblos nativos.

Como se recuerda, tras una serie de protestas, encabezadas por los pueblos indígenas amazónicos, el Congreso peruano derogó los decretos legislativos 1015 y 1073 que afectaban recursos forestales; hoy se movilizan por la ley 1090 y la recientemente aprobada Ley de Aguas, así como por el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, la Organización Fraternal Negra Hondureña, a mediados de diciembre del año pasado, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre el Capítulo III de la Ley de Propiedad, por las violaciones cometidas al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 173 de la Constitución de la República. O el caso reciente de indígenas guatemaltecos de poblados fronterizos con México, que tomaron pacíficamente las instalaciones de la refinería francesa Perenko y de la española Unión Fenosa, que distribuye energía eléctrica, para demandar la construcción de una carretera y rebajas en las tarifas. Y qué decir de nuestro país, donde día con día se incrementan los procesos de resistencia frente a la biopiratería o contra la empresa Minera Cuzcatlán, en Ocotlán, ambos en Oaxaca.

Por lo pronto, en Bolivia es previsible que se logre la aprobación en el Senado de la Ley Transitoria Electoral, con lo cual se propiciará la continuidad y profundización de este inédito proceso que recoge la vertiente estructural ausente en otros países de la región.

Lo dicho: si no cambia el Estado, los pueblos indígenas no tienen cabida en el modelo vigente de corte neoliberal con fuerte tendencia privatizadora, cuyo destino preferido resulta ser el de los territorios indígenas. El destino de la autonomía indígena en Bolivia está ligado al que tenga el proceso plurinacional en curso.