El titular del juzgado 19 penal, Rafael Guerra, dictó cinco nuevas órdenes de aprehensión por el caso de la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas, entre ellas 9 menores, en junio pasado.

Las órdenes de aprehensión fueron dictadas en contra de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF).

En ningún caso se dieron a conocer los nombres de los ahora presuntos responsables, ya que se espera su ubicación y captura en las próximas horas.

Sin embargo, trascendió que ninguna orden se giró en contra de altos funcionarios de ambas dependencias, sino contra policías preventivos, judiciales, autoridades ministeriales y personal que participó en el operativo que derivó en que cientos de jóvenes se aglomeraron para tratar de salir de la discoteca, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero.

El delito por el que se les acusa es obstrucción de la justicia, por lo que, una vez aprehendidos, los presuntos responsables podrían alcanzar su libertad bajo fianza hasta que el juez determine si hay elementos suficientes para consignarlos.

Asimismo, se supo que el juez analiza emitir por lo menos otras seis órdenes de aprehensión contra personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la delegación Gustavo A. Madero.

Sigo trabajando para la comunidad

Por la mañana, el ex delegado en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, acudió a declarar al juzgado 19 penal, con sede en el Reclusorio Oriente, sobre el caso News Divine.

Tras cuatro citatorios sin atender, Chíguil llegó al juzgado sólo a ratificar un documento enviado previamente, donde aduce que tiene derecho a no declarar debido a que está indiciado en por lo menos otras dos averiguaciones previas sobre el caso.

Sin dar ninguna declaración sobre la tragedia del News Divine, Francisco Chíguil se limitó a entregar el documento, luego de estar por casi dos horas en dicho juzgado.

Lo único que mencionó el ex delegado al retirarse fue que no había rendido su declaración y que continúa trabajando en beneficio de la comunidad, y en su momento haremos las declaraciones.

Éste era el último plazo para que atendiera el llamado del juez, ya que de lo contrario tendrá que haber pagado una multa de 30 días de salario mínimo y la policía judicial podría arrestarlo durante 36 horas para hacer cumplir el llamado de las autoridades.