Informes de inteligencia gubernamental a los que tuvo acceso La Jornada revelan que en los dos años recientes, a partir de que las fuerzas del Estado dieron inicio a una estrategia de combate directo contra sicarios y operadores de narcotraficantes, se tiene registro de que al menos 450 cadáveres de sujetos que han muerto tras enfrentamientos con soldados del Ejército o con elementos policiacos han sido recuperados por miembros de las organizaciones delictivas.

Para ese propósito, los criminales lograron corromper o amedrentar a funcionarios ministeriales y a médicos forenses de procuradurías estatales que realizaron las necropsias a los cuerpos.

Destacan los casos de agrupaciones como Los Zetas, La Familia michoacana, la de los hermanos Beltrán Leyva y del cártel de Sinaloa, cuyos miembros regularmente recurren a sobornos y/o amenazas para que los funcionarios ministeriales les entreguen los cadáveres a ellos y no a los familiares de los muertos, como marca la ley.

Gracias a los registros documentales que se ha logrado obtener mediante la información recabada en diversas averiguaciones previas abiertas por las procuradurías estatales y por la Procuraduría General de la República (PGR), hoy se sabe que las entidades que más padecen este tipo de anomalías son: Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Michoacán, estado de México, Guerrero y Quintana Roo, aunque también se han presentado casos esporádicos en otros estados.

Desde el inicio de la actual administración federal panista, el presidente Felipe Calderón ordenó que el Ejército y la Policía Federal Preventiva realizaran patrullajes en los municipios y entidades con mayor presencia de actividades delictivas ligadas al narcotráfico.

Esta denominada guerra contra el crimen organizado ha dejado una estela de más de 10 mil personas muertas, entre diciembre de 2006 y marzo de este año, según informó el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, durante su participación en la reunión anual de Associated Press, efectuada el pasado 7 de abril en San Diego, California, Estados Unidos.

“La otra guerra (de los capos de la droga) es contra las fuerzas gubernamentales. Entre diciembre de 2006 y marzo de 2009 han ocurrido 10 mil 657 muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas, de las cuales 988 han sido de policías. La gran mayoría de las bajas –nueve de cada 10– son de miembros de la delincuencia organizada”, destacó Medina Mora.

En ese contexto, instancias de inteligencia gubernamental, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lograron documentar –con información proporcionada por las procuradurías estatales– los casos de desaparición de cadáveres de sicarios que han muerto tras enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Según estos informes consultados, el mayor número de cadáveres entregados de manera ilegal a integrantes de organizaciones criminales y no a los familiares de las víctimas se dio durante 2007, año en que 385 cuerpos salieron de las instalaciones del servicio médico forense sin la realización de los trámites legales correspondientes. El año siguiente se tuvo registro de al menos 65 casos.

Para sustraer los cadáveres, las agrupaciones criminales se valen de la cooperación de funcionarios ministeriales de las procuradurías estatales y de la complicidad de algunos médicos forenses y peritos que realizan las autopsias.

La PGR ha logrado capturar a sicarios al servicio del narco que han admitido ante la autoridad ministerial que lograron corromper a funcionarios públicos estatales y municipales para recuperar el cadáver de algún compañero que hubiera fallecido tras un enfrentamiento con policías o militares.

Tan sólo este fin de semana pasado, la fiscalía antinarcóticos de la PGR consignó a tres servidoras públicas de una agencia ministerial de Tamaulipas que presuntamente facilitaban a integrantes de Los Zetas la recuperación de cadáveres tras enfrentamientos con elementos con policías federales.

En la causa penal 56/2009, que se tramita en el juzgado tercero de distrito en Tepic, Nayarit, constan documentales y periciales aportadas por la PGR que demuestran la presunta responsabilidad de Karina Maldonado Camacho, Yolanda Saldaña García y Yadira Pérez Jiménez, quienes hicieron entrega de los cadáveres.