Buenos Aires, 12 de abril. La diputada de la legislatura porteña, Liliana Parada, de Igualdad Social, denunció ante la justicia a la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) formada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que participa en operativos nocturnos contra personas que viven en las calles y colaboran en desalojos violentos en edificios ocupados por familias sin techo.

Parada realizó una investigación sobre la UCEP, denunciada estos días también por vecinos y testigos y algunos medios como los hombres de negro por su vestimenta o como el escuadrón.

Otra legisladora de la ciudad, Gabriela Alegre de Diálogo por Buenos Aires, acusó también ante la Legislatura un violento desalojo realizado en el centro de Buenos Aires, el 5 de febrero pasado, en el que fueron afectados 17 niños, de un grupo de familias que sumaba 25 personas.

Además de ser agredidos durante el desalojo, también lo fueron en el traslado supuestamente a un lugar seguro cuando un grupo de hombres los golpeó nuevamente y destruyó todas sus pertenencias.

La legisladora presentó un pedido de informes sobre estos procedimientos que parten de la municipalidad capitalina donde se traslada a personas que de hecho están en condiciones de indefensión, bajo amenazas y extrema violencia.

El desalojo del 5 de febrero pasado se produjo a unos pasos de donde funciona la extraña UCEP.

La diputada Parada en su investigación, que la llevó a ampliar su denuncia ante la fiscalía 26 que averigua estos hechos bajo la carátula de Macri, Mauricio (intendente de Buenos Aires) y otros sobre amenazas con armas o anónimas sigue recibiendo informes de víctimas y testigos.

De acuerdo a algunos datos, uno de los jefes de este inquietante grupo sería Luis Savoiardo, el Tano, que tiene antecedentes fuertes al participar el año pasado en grupos de choque que intentaron desalojar las carpas que el gobierno nacional instaló en el Congreso durante el conflicto con cuatro entidades patronales del campo.

Los civiles integrantes de este grupo, entre los que figuran otros parientes de Savoiardo caben en las características de las llamadas patotas (bandas) del fútbol. La Unidad se conformó por un decreto de Macri y otros hombres de su gabinete y cobran salario, están en la planta transitoria del gobierno porteño.

Ex trabajadores de la UCEP denunciaron que al manifestar algunas diferencias con los jefes, fueron golpeados brutalmente. Lo que impresiona a las víctimas es la vestimenta con uniformes oscuros y gorras con viseras -parecidas a las policiales- y esto remite inmediatamente a los camisas negras de los tiempos del fascismo en Italia.

Algunas de las denuncias registradas y testimonios de personas que vieron operativos señalan que aparecen en autos y camionetas particulares inspirando terror, y se ha visto a más de 20 actuar contra una sola persona.

La legisladora Parada aseguró que el decreto de Macri, en alguno de cuyos puntos se fijan como tareas de la UCEP que deben mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión(que no es lo que se utiliza), además de colaborar a mantener el orden y participar en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público, en realidad “habilita un funcionamiento de una fuerza irregular, de una ‘fuerza de tarea’ que de modo deliberado actúa en la ciudad de Buenos Aires con funciones ilimitadas conculcando derechos constitucionales”.

Para algunos organismos de derechos humanos esta situación es muy grave y de alguna manera recuerdan que grupos parapoliciales como la Triple A (1973-76) hacían sus experiencias con sectores sociales absolutamente desprotegidos.

Otra de las denuncias de estas horas es que 78 por ciento de los trabajadores textiles no están dados de alta, lo que permite que operen más de tres mil talleres clandestinos donde centenares de personas viven en calidad de esclavos. Uno de estos talleres fue filmado por un joven con una cámara oculta y muestra la vida de muchas de las víctimas, en buena parte bolivianos, que permanecen encerrados en edificios con sus familias en condiciones aberrantes. Ya ha habido tragedias donde han muerto varias personas en incendios de uno de estos lugares sin escapatoria para las víctimas. Necesitamos que la justicia federal y el Estado en general intervengan. Hay que ayudar a las víctimas, darles protección a los testigos y apuntarle a las grandes marcas, que son las responsables de esta explotación, dice Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y denunciante permanente de los talleres clandestinos.