n materia de política de población los indicadores demuestran que México perdió el rumbo y el liderazgo internacional en la última década a consecuencia de las políticas neoliberales y el debilitamiento del Estado laico. Desde el año 2000 se estancó una política de Estado que había logrado amortiguar el rápido crecimiento de la población al extender la educación sexual escolar y la planificación familiar en los centros de salud, y que en los 90 empezó a superar la visión demografista para enfocarse en la salud sexual y los derechos reproductivos, así como en la lucha contra las desigualdades sociales y de género, visión que se impulsó hace 15 años con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo.
A principios del presente mes, en la 42 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, convocada para evaluar los compromisos de El Cairo, el gobierno de México presentó un informe sesgado y, por primera vez, no fueron invitadas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para suscribirlo conjuntamente. Así que al lado del reporte oficial se presentó un Informe alterno que acusa importantes retrocesos y que firman más de 50 organizaciones mexicanas y redes de la sociedad civil.
El Informe alterno señala reducciones presupuestales en el rubro de planificación familiar y falta de abasto de métodos anticonceptivos, limitada disposición de la anticoncepción de emergencia y de servicios para mujeres rurales e indígenas. Si bien afirma que la mortalidad materna ha tenido un estancamiento, es notoria la desigual en la calidad de los servicios de salud reproductiva, la ausencia de estrategias para reducir las muertes por aborto y el endurecimiento de legislaciones estatales en violencia de género y derecho al aborto. Asimismo, destaca el avance que significa el acceso a la interrupción legal del embarazo en la ciudad de México y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó su constitucionalidad. Lamenta que, en contraste, el gobierno federal haya eliminado en los medios electrónicos de comunicación las campañas preventivas contra embarazo y VIH dirigidas a adolescentes y mujeres, el débil registro y atención que da al abuso y explotación sexual de menores, así como la censura a los libros de texto de educación sexual y la difusión paralela de textos basados en prejuicios y creencias religiosas.
Los firmantes rechazaron las declaraciones de Felipe Calderón que buscaron responsabilizar a las familias por la violencia del país y criticaron su participación en el Encuentro Mundial de las Familias, convocado por el Vaticano, porque vulnera la laicidad del Estado.
Como representante del gobierno de México, el titular del Consejo Nacional de Población, Félix Vélez, centró el informe del Cairo+15 en otros retos poblacionales importantes, tales como la necesidad de incorporar a las personas en estado de pobreza, a los grupos vulnerables, a los migrantes y para enfrentar el proceso de envejecimiento.
Hoy que está tan cerca la visita de Barack Obama, un presidente que ha mostrado voluntad política ante los derechos reproductivos y que anunció la política migratoria como tema prioritario de la agenda bilateral, sería importante comprometerlo con acciones que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas que viven en Estados Unidos. Las latinas son el grupo con menor nivel de acceso a los servicios de salud reproductiva y poseen una deficiente información; su uso de anticonceptivos está por debajo de las blancas, asiáticas y afroestadunidenses, presentan las más altas tasas de embarazo adolescente y tienen dos veces mayor probabilidad de abortar que las mujeres blancas.
En el contexto actual, la política de población tendría que ocupar un lugar prioritario no sólo en la agenda bilateral, sino en las plataformas electorales. Para actuar con congruencia, los partidos de izquierda podrían fortalecer las instituciones educativas y de salud que comenzaron a debilitarse con el salinato y que vienen perdiendo fuerza, calidad y laicidad con el avance de los panistas.
Cuando los legisladores y funcionarios del PRI se suman al PAN en el momento mismo en que protegen a los abusadores sexuales, apoyan leyes antiaborto y censuran libros de educación sexual en ciertos territorios, reproducen una lógica clientelar que busca ganarse a los señores del capital y recuperar prestigio bajo mantos religiosos.
Atrás de los retrocesos en salud reproductiva está la permanencia de una política económica excluyente, el desmantelamiento de la salud pública y el desinterés por el acceso y la calidad educativa, factores que profundizan las desigualdades sociales y de género y que confirman la existencia de dos Méxicos: uno, donde viven las mujeres de primera clase, las que deciden sobre su cuerpo y ejercen sus derechos sexuales y reproductivos, y otro de mujeres de segunda que no cuentan con escolaridad, opciones ni derechos reproductivos.
