a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer el pasado 2 de abril una lista negra de paraísos fiscales integrada por Costa Rica, Filipinas, Malasia y Uruguay, a pedido del G-20, reunido en Londres el mismo día, para combatir el fraude fiscal como forma de atajar la crisis económica en curso. La era del secreto bancario ha terminado, reza el documento final del G-20.

Al día siguiente, Uruguay fue retirado de la lista al haber aceptado las normas para la restricción y eventual eliminación del secreto bancario. Cuatro días después, los otros tres países aceptaron el compromiso sobre estándares mundiales sobre el secreto bancario. Quedan 42 países en la lista gris, integrada por los que han aceptado las reglas fiscales internacionales, pero que aún no las han aplicadado. Entre los latinoamericanos figuran Chile, Panamá, Guatemala, Belice y Dominica, además de los ya mencionados.

El incidente cayó como una bomba en Uruguay, ya que se había convertido en materia de controversia política en plena campaña electoral, enfrentando a los principales candidatos de la izquierda: los senadores José Mujica y Danilo Astori. Semanas antes de la reunión del G-20, Mujica, ex ministro de Ganadería y Agricultura y militante tupamaro, había colocado el tema en la agenda electoral al apuntar su rechazo al secreto bancario y su necesidad de negociarlo con Argentina y Brasil, los más perjudicados por la existencia de un paraíso fiscal en sus fronteras.

Las críticas no se hicieron esperar, desde el propio presidente Tabaré Vázquez hasta la oposición de derecha. Astori dijo que sólo mencionar el tema es peligroso. Sin embargo, cuando la OCDE introdujo a Uruguay en la lista negra, las reacciones fueron destempladas. Como suele suceder en Uruguay, lo primero fue culpar a Argentina y, en menor medida, a Brasil. El segundo paso fue solicitar la mediación de un ex ministro de Economía, ultraliberal y archienemigo de la izquierda, pero con buenas relaciones en el mundo financiero global, para sacar al país del embrollo. El tercero fue volver a atacar a Mujica.

Astori dijo que la decisión del G-20 es un atropello y que el fin del secreto bancario puede tener consecuencias negativas sobre el flujo de inversiones hacia Uruguay. No dijo, y esto es sustancial, que las supuestas inversiones son capitales que salen de Argentina y Brasil evadiendo impuestos y se colocan en negocios inmobiliarios de lujo en Punta del Este, en la compra especulativa de tierras o ingresan en el sistema financiero. Llama la atención esa actitud nacionalista en un país donde más de 25 por ciento de la tierra pertenece a extranjeros, así como casi la totalidad de las industrias frigorífica y arrocera –principales rubros de exportación–, por no mencionar la forestación y la producción de celulosa en manos de multinacionales.

En Uruguay el secreto bancario fue impuesto por la dictadura militar en 1982, cuando el régimen proyectaba convertir al país en plaza financiera en los albores del neoliberalismo. La violación del secreto incluye penas de hasta tres años de cárcel. El país se convirtió, en efecto, en refugio de dineros sucios que evadían impuestos en sus países, alentado por los gobiernos de la década de 1990 que extendieron la obligación del secreto al propio Banco Central, a sus funcionarios y a todo el personal vinculado con el sistema financiero privado. Pero la crisis de 2002 descalabró la plaza financiera con la fuga masiva de capitales de no residentes pero también de nacionales.

El gobierno de Tabaré Vázquez liberó desde 2006 la información sobre préstamos y deudores de la banca oficial y la reforma impositiva avaló el levantamiento del secreto bancario cuando se presume existe evasión fiscal, aunque en la realidad no se ha avanzado por esa vía para bajar la tasa actual de fraude, que llega a 25 por ciento.

El primer problema que se le presenta a la izquierda uruguaya es que hasta ahora no procesó un debate sobre el modelo de país a que aspira, ya que la propuesta de país productivo con que ganó las elecciones de 2004 es apenas un lema abstracto que incluye desde emprendimientos especulativos, como la soya transgénica, hasta el polémico complejo forestación-celulosa que colocan al país como exportador de commodities de bajísimo valor agregado. El debate sobre el tipo de crecimiento deseable, la contradicción entre desarrollo endógeno y exógeno, y la imposibilidad de llegar a ser una sociedad equitativa e igualitaria asentada en un paraíso fiscal, son deudas pendientes que nadie pretende saldar en plena campaña electoral. En tanto, los capitales uruguayos en el exterior representan un tercio del PIB.

La segunda dificultad es la pertinaz incapacidad de ponerse en el lugar de los vecinos. Uruguay es el país de refugio de capitales que evaden impuestos en el Mercosur. O sea, es el espacio desde el cual se atenta contra la estabilidad de sus socios (en particular Argentina, pero también Brasil). A estas alturas resulta insolidario e incongruente buscar beneficiarse de la integración regional a la vez que se abren las puertas a los dineros sucios de la región.

Por último, el debate sobre el secreto bancario fue presentado por los medios y por la clase política tradicional, de derecha y de izquierda, como una cuestión de seriedad y responsabilidad. Se atacó a Mujica por el supuesto delito de poner en riesgo la estabilidad del país. En realidad se trata de darle duro al candidato que tiene mayor empatía con los sectores populares, el que no representa al establishment empresarial y financiero, y que, aún con dudas y requiebros, busca un crecimiento hacia adentro en sintonía con los países de la región que intentar zafarse del modelo neoliberal. Puede parecer mediocre, pero para un país de clases medias como Uruguay, es lo más cercano a un cambio.