Frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobrevivientes del genocidio ocurrido el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, criticaron ayer la inmoralidad y corrupción con la que han actuado juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), al haberse vendido a los poderosos a cambio de conceder la libertad al ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

Durante una protesta encabezada por Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, los ex líderes estudiantiles exigieron a los ministros de la Corte que la institución judicial que representan esté a la altura de países sudamericanos, como Perú, donde el juez César San Martín anunció ayer una condena de 25 años de cárcel impuesta por un tribunal de la Corte Suprema de ese país contra el ex presidente Alberto Fujimori, por dos matanzas y el secuestro de un empresario y de un periodista durante su gestión.

En las escalinatas de la Corte –las puertas del edificio estaban cerradas porque los funcionarios y los 11 ministros están de vacaciones desde el pasado viernes–, Álvarez y Hernández, acompañados por integrantes del Comité 68, gritaron consignas contra el PJF y corearon la frase: ¡Dos de octubre no se olvida, es de lucha combativa!

En entrevista, Hernández Gamundi dijo a La Jornada que el fallo de dos tribunales que concedieron la libertad de Echeverría, con reservas de ley, no debe analizarse de manera aislada.

Diversas resoluciones paralelas (a las que beneficiaron a Luis Echeverría la semana anterior) demuestran que nuestros jueces y magistrados están al servicio del dinero; el PJF es un poder que está puesto en el mercado, está a la venta de favores, puntualizó.

Agregó: “Es una vergüenza que mientras en Perú los jueces condenaron a Fujimori y en Alemania han sentenciado a ex militares genocidas, aquí nuestros juzgadores protegen a Echeverría, amparan a los hijos de (Joaquín) El Chapo Guzmán, liberan a secuestradores, prescriben órdenes de aprehensión de políticos como Manuel Muñoz Rocha, cancelan la sentencia de (Alcides Ramón Magaña) El Metro, que era pistolero del ex gobernador Mario Villanueva, y absuelven a magistrados (en referencia a Guadalupe Luna Altamirano, que amparó a Echeverría) acusados de corrupción”.

Finalmente, el ex líder estudiantil exigió a la Procuraduría General de la República que reintegre el expediente contra Echeverría, busque más pruebas que lo inculpen del genocidio del 2 de octubre de 1968 y pida por segunda ocasión una orden de aprehensión en su contra, ya que jurídicamente el caso no está cerrado, pues no fue una absolución del ex presidente, sino una libertad con reservas de ley.