urante meses, las organizaciones mexicanas del narcotráfico han combatido con los gobiernos de México y Estados Unidos, así como unas contra otras, con creciente violencia a ambos lados de la frontera. De 2007 en adelante, la guerra de las drogas en México ha costado la vida a más de 7 mil 500 personas, entre ellas 200 estadunidenses. El Congreso de Estados Unidos ha llevado a cabo varias audiencias sobre el tema y hay más por venir. Aunque sin duda lo intentarán, será difícil que los legisladores continúen dejando a un lado la causa de fondo del problema: la prohibición de las drogas.

Muchas partes de México hoy día son como Chicago en los días de la prohibición del alcohol y de Al Capone, pero multiplicado por 50. Los ciudadanos se preguntan quién tiene el control: el gobierno o una u otra de las organizaciones criminales. En fechas recientes, el Comando Conjunto de las Fuerzas de EU advirtió que el gobierno de México está en peligro de convertirse en un Estado débil y fallido y que podría precipitarse al caos. El Departamento de Estado ha emitido un aviso precautorio a los estadunidenses sobre los riesgos de viajar a México, entre los cuales está morir por accidente en confrontaciones violentas entre narcotraficantes y militares.

Mientras México hace frente a la violencia, al crimen y a la corrupción que genera la prohibición global de las drogas, Estados Unidos apenas empieza a enfrentar las consecuencias de sus propios excesos prohibicionistas. Con menos de 5 por ciento de la población mundial, tenemos casi 25 por ciento de los prisioneros del planeta. La población encarcelada ha crecido de 500 mil personas en 1980 a 2.3 millones en la actualidad, de las cuales más o menos la tercera parte están encerradas por violaciones a leyes sobre drogas u otros delitos relacionados con la prohibición. Ocupamos el primer lugar mundial en encarcelamientos per cápita de nuestros propios ciudadanos, y metemos en prisión a más personas que China, cuya población global es cuatro veces mayor que la nuestra. Millones de estadunidenses son excluidos de votar o de acceder a préstamos estudiantiles, vivienda pública y otros programas de asistencia a causa de convicciones derivadas de las leyes sobre drogas. Incluso estados prósperos se han visto forzados a recortar gastos en salud, educación, vivienda y protección ambiental para sufragar el costo de las prisiones.

No es extraño que cada vez más personas expresen dudas sobre el paradigma prohibicionista básico. En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, donde varios alcaldes mexicanos viven y cruzan la frontera para ir a trabajar, por temor de que sus familias serían asesinadas si residieran en México, el cabildo local aprobó en enero una resolución en la que llama al Congreso a debatir la legalización de las drogas como forma de reducir la violencia relacionada con la prohibición. En febrero, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, organismo de alto nivel presidido conjuntamente por ex jefes del Ejecutivo de Brasil, Colombia y México, exhortó a un cambio de paradigma en la política global sobre drogas, que incluiría despenalizar la mariguana y romper el tabú que impide un debate abierto y robusto sobre todas las opciones de política sobre drogas.

El procurador general de Arizona, citando evidencias de que los cárteles mexicanos de la droga obtienen de la mariguana entre 60 y 80 por ciento de sus ingresos, ha sugerido que quienes trazan las políticas nacionales debatan legalizar la yerba como forma de desarticular las bandas criminales tanto mexicanas como estadunidenses. Si bien tuvo cuidado en aclarar que él no proponía la legalización, planteó la pregunta correcta: ¿debe la mariguana ser gravada y regulada, como lo es el alcohol?

Los críticos afirman que la legalización podría incrementar el uso de la droga. Es posible. Pero de todos modos, estudios realizados en todo el mundo han descubierto que la relativa severidad de las leyes sobre drogas tiene una importancia sorprendentemente exigua. Después de todo, los niveles de consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos son iguales o mayores que los de Europa, pese a nuestras políticas más punitivas. Y aunque 13 estados de la Unión ya han despenalizado la mariguana, el consumo sube y baja en ellos más o menos en la misma proporción que en los demás.

Lo que más importa, desde luego, no es cuántas personas consumen mariguana, alcohol u otras drogas, sino cómo reducir mejor los daños del abuso de las drogas y los que causan las políticas de control de narcóticos. Hace 70 años los estadunidenses reconocieron que los daños del abuso del alcohol habían sido rebasados por los daños de la prohibición del alcohol, y respondieron revocando una enmienda nacional por primera y única vez en la historia de la nación. Cientos de miles de estadunidenses mueren prematuramente cada año a causa del cigarrillo, pero aún somos lo bastante prudentes para entender que las estrategias severas de salud pública producen mejores resultados generales que la prohibición penal.

La mariguana es dramáticamente menos peligrosa que el alcohol o el tabaco. Es mucho menos adictiva que éste, y típicamente se consume en cantidades mucho menores. Carece de la poderosa asociación del alcohol con la violencia, los accidentes y las conductas sexuales abusivas. Es imposible morir de sobredosis de mariguana. Y las consecuencias de la adicción a ésta, dada la pequeña proporción de consumidores que llegan a hacerse adictos, son dramáticamente menores que las de la adicción al alcohol.

Con México en crisis, las prisiones de Estados Unidos sobresaturadas y los déficit estatales y federales en aumento, ha llegado la hora de por lo menos considerar la idea de que se grave y regule el consumo de mariguana. Un estudio realizado en 2005 con el respaldo de cientos de economistas descubrió que legalizar la yerba podría ahorrar unos 7 mil 700 millones de dólares al año en gasto gubernamental. Gravarla como se hace con el alcohol o el tabaco podría generar otros 6 mil 200 millones en ingresos. Es suficiente para contratar casi 350 mil nuevos maestros de primaria o poner 290 mil nuevos policías en las calles. Nadie odiaría más esta nueva política que los narcotraficantes mexicanos, porque los llevaría a la quiebra. 

Cuarenta por ciento de todos los estadunidenses afirman que es hora de legalizar la mariguana. En algunos estados del oeste, el apoyo se acerca a 50 por ciento. Si alguna vez fue hora de que los políticos abran este debate, es ahora.

*Bill Piper es director de asuntos nacionales de la Alianza por la Política sobre Drogas. Ethan Nadelmann es director ejecutivo de la misma organización.

Traducción: Jorge Anaya