Lima, 7 de abril. Alberto Fujimori fue condenado hoy a 25 años de prisión por dos matanzas que cobraron la vida de 25 personas y dos secuestros perpetrados en el contexto del autogolpe de Estado de 1992.

Las matanzas, conocidas como Barrios Altos y La Cantuta, fueron obra del grupo Colina, destacamento militar integrado por especialistas en inteligencia que perpetraron otros crímenes, aunque Fujimori no fue procesado por ellos debido a que no formaban parte de los delitos por los que se pidió su extradición a Chile, concedida en 2007.

El 3 de noviembre de 1991, diez encapuchados con fusiles HK con silenciador irrumpieron en una casa del céntrico sector limeño Barrios Altos, donde había una fiesta, y dispararon indiscriminadamente, matando a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años.

La matanza, se supo luego, se perpetró ante la suposición, nunca probada, de que los presentes, vendedores ambulantes de helados en su mayoría, eran militantes de Sendero Luminoso que hacían la fiesta para recaudar fondos.

Placentina Chumbipuma, Luis Alberto Díaz, Octavio Huamanyauri, Luis Antonio León, los hermanos Filomeno y Máximo León, Lucio Quispe, Tito Ramírez, Teobaldo Ríos, Alejandro Rosales, Nelly Rubina, Odar Sifuentes, Benedicta Yanque, Manuel Ríos y el pequeño hijo de éste, Javier, todos de humilde condición, murieron.

El 18 de julio de 1992, meses después de que Fujimori disolvió el Congreso instaurado el 5 de abril del mismo año, encapuchados entraron a la universidad estatal La Cantuta, en Lima, y se llevaron a diez personas cuyos cadáveres fueron hallados en fosas clandestinas meses después.

Según las investigaciones, el grupo Colina creía que el profesor Hugo Muñoz y los estudiantes Luis Enrique Ortiz, Juan Mariños, Heráclides Pablo, Robert Teodoro, Armando Amaro, Dora Oyague, Felipe Flores, Bertila Lozano y Marcelino Rosales eran senderistas. Nunca se les comprobó.

Para la fiscalía, el grupo Colina, dirigido operativamente por el ahora preso Santiago Martín Rivas, no hubiera podido cometer esos crímenes al margen del aparato de poder liderado por Fujimori, y menos en un gobierno que se caracterizó por el manejo férreo en ese campo.

El proceso incluye los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, encerrados en los sótanos del cuartel general del ejército.

Gorriti reveló las actividades clandestinas del entonces desconocido asesor presidencial Vladimiro Montesinos, mientras Dyer era ajeno a la política pero tenía una enemistad personal con Montesinos. Se presume que el régimen fujimorista quiso desaparecerlos, lo que se frustró cuando salió a la luz el paradero de los dos detenidos.