El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá y eventualmente aprobará el dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva que decreta la ilegalidad parcial de la campaña emprendida por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del PRI, aunque sólo fija una multa de 465 mil pesos. En el documento se analiza la denominada sopa de letras, considerándose que las referencias al PRI son ilegales en la medida en que son denigrantes y calumniosas, por lo que se ordena el retiro de la publicidad y no volver a contratarla con estas características.

Se considera que la propaganda del PAN no está amparada por su derecho de libertad de expresión, pues de ninguna forma abona un elemento objetivo que permita el desarrollo de una opinión pública mejor informada y mucho menos genera un debate político, pues, como se advierte, en ninguna parte se exponen las razones por las cuales considera que censura, deuda, robo, atraso, impunidad, criminalidad, transa, corrupción, narco, pobreza, represión, abuso y crimen son las 13 características de todo gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva presentó un dictamen que estima de nueva cuenta ilegal la difusión de promocionales que el PVEM pretende hacer pasar por informes de legisladores, al plantear que se trata de contratación de publicidad con fines electorales fuera de la ley. Contrariamente a los criterios del comité de quejas, que ni siquiera consideró medidas cautelares, se decreta una multa de 2.5 millones de pesos, se da vista a la unidad de fiscalización del IFE y a la contraloría interna de la Cámara de Diputados.

Al explicar las razones de la ilegalidad de la conducta panista, que fue motivo de la queja del PRI, el dictamen plantea que quedó plenamente demostrada la comisión del ilícito y sostiene: Claramente no estamos ante la exposición del programa político del PAN, ni ante la exposición del programa político del PRI, ni ante la crítica severa por acciones concretas del adversario político; tampoco estamos ante denuncias debidamente fundamentadas sobre posibles ilegalidades o violaciones a la ley. Sin fundar concretamente las acusaciones, la propaganda se rebaja y es convertida en un elemento que no aclara sino enturbia el escenario público.

En esos términos define el proyecto de la Secretaría Ejecutiva la campaña panista y advierte que no pasa desapercibido que las definiciones no se refieren propiamente al programa del PRI, sino a los gobiernos emanados del tricolor.

Ello, con la deliberada intención de que el ciudadano se forme una idea sobre lo que sería un gobierno priísta, pero lo cierto es que las expresiones empleadas no se demuestran concretamente, resultan impertinentes y descontextualizadas para explicitar la crítica que el partido denunciado dice formular.

El dictamen asevera que no es válido que la propaganda partidista pretenda generar animadversión respecto de la propuesta de un instituto político, en especial cuando se realiza alejada de la legalidad. Sin embargo, en el razonamiento desestima el otro agravio esgrimido por el Revolucionario Institucional en su queja, el referido a la comisión de actos anticipados de campaña, en razón de que no se cumplen los supuestos de ley, esto es, que se pretenda favorecer a candidatos.

En el caso del PVEM, se propone una multa por la difusión ilegal de 242 espots en Televisa y TvAzteca –que implican una millonaria inversión en promocionales– apartados de la ley, y con la intencionalidad de obtener ventaja electoral. El dictamen señala que en las versiones de la Cámara de Diputados y de las empresas referidas queda claro que los mensajes no fueron contratados institucionalmente ni pueden se considerados propaganda oficial del Legislativo.

Al no ser contratados por la Cámara de Diputados sino por el PVEM quedó en evidencia la ilegalidad del comportamiento de la diputada Gloria Lavara, por lo que se concluye que los promocionales, al revestir el carácter de propaganda política y al haber sido contratados por un tercero, particularmente por la legisladora, su finalidad fue influir en la percepción de los televidentes y favorecer al Partido Verde Ecologista de México, afectando de esta forma la equidad en la contienda electoral federal.

La conducta del Verde pretende influir en la percepción de la ciudadanía con la finalidad de ganar adeptos, concluye.