Al menos 19 personas murieron en distintas entidades y 12 más fueron secuestradas en la serranía duranguense durante acciones atribuidas al crimen organizado y dentro de la creciente violencia que las autoridades municipales pretenden combatir con medidas administrativas colaterales.

En Sinaloa, el ayuntamiento de Cosalá resolvió multar con 500 pesos a los conductores que circulen escuchando narcocorridos a alto volumen, según dijo el alcalde Juan José Martínez Mendoza, en una medida que corresponde al afán de disminuir la cultura y apología del narcotráfico en el municipio considerado Pueblo Mágico y enclavado entre Culiacán y Mazatlán.

Tal sanción –dijo el munícipe– figura entre las medidas contempladas por el plan de seguridad pública local, y fue aprobada y publicada en un bando de policía y buen gobierno en marzo, que se aplicará de forma permanente para lograr que Cosalá mantenga la afluencia de visitantes.

En Sinaloa también, dos jóvenes fueron ultimados a balazos en el municipio de Navolato la medianoche del viernes; y en la capital estatal, efectivos militares aseguraron una bodega con mobiliario y diversos insumos, entre ellos un autotanque de gas con capacidad de 47 mil 500 litros y diversos tipos de material explosivo.

La cifra de los muertos reportados en Michoacán, por otra parte, ascendió a seis, de los cuales cuatro fueron encontrados en Apatzingán con visibles huellas de tortura y el tiro de gracia, así como leyendas alusivas a la lucha entre cárteles.

Otra de las víctimas apareció casi frente a las instalaciones del 82 Batallón de Infantería en Lázaro Cárdenas, atada de pies y manos, vendada de los ojos y sin el pulgar derecho; con un mensaje adjunto de la llamada Familia Michoacana contra los zetas.

En Chihuahua perecieron cinco personas, tres de ellas en Ciudad Juárez. Los tres cadáveres fueron hallados en una vivienda cateada la semana pasada, que servía de deshuesadero de autos robados, cerca del kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes.

Además, peritos de la Procuraduría General de Justicia estatal dieron a conocer que cuatro sicarios detenidos hace dos días fueron acusados formalmente de nueve crímenes, entre ellos el homicidio de Alejandro Chaparro Coronel, escolta del gobernador José Reyes Baeza, durante el atentado cometido hace más de un mes contra el convoy oficial.

En Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil informó que cuatro personas fueron ejecutadas en distintos municipios de la entidad, entre ellas dos en Los Almendros, municipio de Zihuatanejo, que aparecieron en la cajuela de un vehículo sin placas.

Los cadáveres –indica el reporte– se hallaban maniatados hacia atrás con cinta canela, vendados de los ojos, y ambos tenían una herida desde el tórax hasta el abdomen, marcando una X, así como sendos impactos de proyectil en la cabeza. Una de las víctimas fue identificada como Luis Alberto Pérez Mellin, de 35 años, taxista de Petatlán.

Fuentes policiales de Zacatecas reportaron a su vez que dos jóvenes fueron ejecutados a tiros en el municipio de Chalchihuites, luego de una persecución en que los atacantes los acribillaron y les dieron el tiro de gracia.

Por último, en el municipio de Súchil, Durango, pistoleros llegaron en varias camionetas al poblado El Temascal, se introdujeron a las casas de sus víctimas y secuestraron a ocho hombres adultos, dos mujeres y dos niños, informó la procuraduría estatal.

Irene Sánchez, Javier Valdez Cárdenas, Ernesto Martínez Elorriaga, Rubén Villalpando, Sergio Ocampo Arista, Misael Habana, Alfredo Valadez Rodríguez y Saúl Maldonado, corresponsales