El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, consideró que deben adoptarse medidas más radicales para frenar la ola de criminalidad y rechazó que con la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada haya cambiado la historia del país, como aseguró la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Ayer, al participar en el foro Pemex y los derechos humanos en la sonda de Campeche, manifestó que no debe considerarse la restauración de la pena de muerte, no sólo porque es salvaje, sino porque ya ha sido superada en México.

En entrevista, afirmó que mientras no se frenen los secuestros, el crimen organizado, las extorsiones y el número de homicidios, que suman casi 2 mil en lo que va del año, no podrá cambiar la historia en materia de seguridad. Falta un rato para eso, afirmó.

Soberanes lamentó que en México prevalezcan la impunidad y la injusticia. Se refirió al caso de los 22 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que murieron en la sonda de Campeche, y ahora nadie quiere saber de responsabilidad. Ahí está la verdad de la impunidad.

Al empezar su participación, el presidente de la CNDH hizo un reconocimiento a los petroleros, en especial a quienes desarrollan actividades de riego en condiciones de extrema dificultad.

El ombudsman aseguró que el percance en el que perdieron la vida 22 trabajadores ha puesto a discusión aspectos primordiales de las garantías individuales en la paraestatal, como los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la vida, a la integridad física y el de la seguridad en los centros de trabajo de la empresa.

Refirió que en la CNDH se ha insistido en que las empresas públicas deben otorgar los mejores mecanismos de seguridad a sus trabajadores, mediante capacitación adecuada y de calidad que garantice el desarrollo integral de los centros de empleo.

Además, cuestionó que cuando una autoridad rechaza las recomendaciones de la CNDH y se niega a investigar lo que se solicita, no contribuye a desterrar la impunidad; por el contrario, abre la puerta para que otros incurran en actos abusivos de poder, confiando en que no habrá, por ello, señalamiento ni consecuencia alguna, y estas actitudes obstaculizan o afectan la vigencia plena del estado de derecho.