Ante el pleno del Senado, el legislador de Convergencia Gabino Cué Monteagudo demandó a la Suprema Corte actuar con independencia e imparcialidad y con apego a verdad jurídica en su resolución sobre el conflicto magisterial y social que se vivió en Oaxaca en 2006.

En entrevista posterior precisó que hay versiones de que los ministros podrían exculpar al gobierno de Ulises Ruiz de la violencia ejercida contra el movimiento magisterial y responsabilizar de los hechos a los profesores y ciudadanos que participaron en el mismo.

Antes, explicó en tribuna que la comisión investigadora de la Suprema Corte que a petición del Congreso inició en septiembre de 2007 una averiguación de lo acontecido, entregó ya un informe preliminar, donde deja entrever violaciones a los derechos humanos y afectación a más de un millón de niños oaxaqueños que quedaron sin clases, así como el uso excesivo de la fuerza pública.

Agregó que la responsabilidad de dictaminar sobre ese asunto corresponde al ministro Azuela, quien se encargará de elaborar el proyecto de dictamen que será presentado al pleno de la Suprema Corte de Justicia.

En la resolución final de la Corte estarán centrados los ojos de todos los mexicanos y de muchos defensores, por lo que esperamos que éste se emita bajo absoluta imparcialidad y con apego a la verdad.

Reiteró que el sentido del dictamen “pondrá en evidencia la capacidad de la Suprema Corte para ser garante de protección de los derechos humanos contra actos que provienen desde el seno del poder, o por el contrario, podría abrir la puerta el descrédito de la institución”.

El senador advirtió que en caso de que la resolución no corresponda a las graves y generalizadas violaciones a las garantías individuales de los oaxaqueños, se acudirá a tribunales internacionales.

Dijo que el caso se planteará ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que con otro matiz de valoración podría evidenciar que sí hubo transgresiones a las garantías constitucionales en el pasado conflicto oaxaqueño.

Comentó que preocupa que la resolución de la Corte se centrara en asegurar que en Oaxaca no pasó nada, porque en la entidad se continúa viviendo un estado de excepción, de intolerancia e impunidad.