El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la primer modificación en 150 años a la Ley de Amparo, con lo que a partir de ahora, en el apartado referente a materia fiscal, permitirá hacer de aplicación general los beneficios que una persona obtenga al concedérsele el recurso interpuesto, ya que en la actualidad un amparo otorga beneficios sólo al promovente, que en la mayoría de los casos son grandes empresas, capaces de costear el salario de abogados especialistas.

De tal suerte, se cuenta ahora con un mecanismo que beneficiará a todo aquel que no pueda pagar un abogado y que carezca inclusive de los conocimientos para interponer este recurso.

La reforma fue aprobada por 335 votos a favor y establece también que estos juicios serán resueltos en única instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las sentencias que se emitan en la materia deberán ser aprobadas por cuando menos ocho votos, para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal. Se precisa que la declaración de inconstitucionalidad no tendrá efectos retroactivos.

Los legisladores de todos los partidos convinieron en que es una reforma sustancial, que beneficia a toda la ciudadanía y que contribuye a la certidumbre jurídica para la competitividad del mercado.

A lo largo de las diversas exposiciones, los legisladores mencionaron que en el sexenio pasado el Estado devolvió 47 mil millones de pesos, lo que representa más del doble del presupuesto que anualmente se otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México.

El priísta César Camacho Quiroz sostuvo que la reforma establece los cimientos para la acción colectiva, para que el amparo deje de ser un instrumento o un juicio sólo para iniciados y para que la sofistificación en los trámites no nulifique los derechos que tenemos todos los mexicanos de cuidarnos de las arbitrariedades y el abuso del poder público.

Consideró que con ello se fortalece a la Suprema Corte de Justicia para que pueda dedicarse a resolver los más delicados asuntos jurídicos.