La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen que reforma la Ley de Delincuencia Organizada, para que ésta no se aplique a los movimientos sociales y asegurar el respeto a los derechos humanos de disidentes, así como prevenir excesos judiciales de las policías y de las procuradurías.

El dictamen a la iniciativa que la diputación del PRD presentó en febrero del año pasado, para evitar que se criminalicen los movimientos sociales y se persiga a sus líderes, como ocurrió en San Salvador Atenco y Oaxaca, adiciona un párrafo al artículo uno de la citada ley, en el cual se define:

Las disposiciones de la presente ley no podrán aplicarse tratándose de conductas distintas a las descritas en ésta, o cuando los hechos que se investigan tienen su origen en el ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, de asociación, de petición o de otra naturaleza similar.

En los considerandos, la comisión afirmó que la adición busca regular la aplicación de la ley a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político determinado. Acota que la aplicación de la ley, así como la imposición de sanciones penales, no excluye a personas que cometan delitos tipificados dentro del ordenamiento, así como aquellos que realicen alguna conducta delictiva. Sin embargo, resaltó que la investigación y persecución de los delitos debe realizarse en un marco de respeto a los derechos humanos y garantías de seguridad jurídica, reconocidas en la Constitución.

Se subsana un vacío legal

Al explicar el alcance de la reforma, el diputado perredista David Mendoza Arellano aseguró que se subsana el vacío que se aprovechó para castigar a líderes de movimientos, pero acotó que las penas impuestas a éstos se establecen en el Código Penal, y no los beneficia directamente, aunque puede servir como parte de la apelación.

Informó también que se devolvió a revisión el proyecto de dictamen con la Ley de Uso de la Fuerza Pública, luego del argumento que presentó en la comisión en el sentido de que no hay un equilibrio en la norma, pues sólo se define la acción policiaca, pero no acota sus acciones cuando se trate de movimientos sociales.

Además, expuso, se pretendía incluir en la lista de armas no letales los toletes y bastones policiacos, y pistolas de choques eléctricos. Es evidente, dijo, que en un operativo policiaco contra la delincuencia organizada la policía actúa con armas de fuego, por lo que el uso de mecanismos no letales estaría destinado a contener protestas.

También se aprobó una reforma a la Ley de Normas Mínimas, para establecer que los reos deben contribuir a su manutención, bajo el hecho de que mientras el Estado destina 29 pesos diarios a la educación de cada niño, gasta entre 100 y 120 pesos en la manutención de un interno en las cárceles del país.

A su vez, el presidente de la comisión, Francisco Rivera Bedoya, informó que definitivamente se desechó la propuesta del presidente Felipe Calderón para constituir una policía única al mando de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y que en cambio se aprobará la integración de una fuerza especial para la Procuraduría General de la República, porque ésta no puede quedarse sin una policía investigadora y profesional.