uego de la reciente invasión a la franja de Gaza, sería aventurado pronosticar qué se trae entre manos el nuevo gobierno de Israel. ¿Otra orgía de destrucción y asesinatos a granel de palestinos? Lo cierto es que nada indica que la comunidad internacional (o sea Washington y la Unión Europea) deje de ver a Palestina como el conejillo de Indias de la industria bélica mundial.

Con base en una torcida lectura del Holocausto, el Estado sionista es el único del mapaundi cuyo sistema se nutre de una sofisticada doctrina de odio y terrorismo. Así es que cuando sus gobernantes dicen nunca más se refieren únicamente a los judíos. Y que los demás pueblos cuiden de sí mismos.

Sin embargo, las adoloridas y más lúcidas voces del judaísmo no parecen dispuestas a consentir que el nuevo premier Benjamin Netanyahu siga la línea de Ehud Olmert, su antecesor en el cargo: No hay equivalencia moral entre ellos y los ataques palestinos contra Israel. Lo inmoral es atacar a Israel (agencias, 22/6/06).

Desconcertante democracia israelí, la única de Medio Oriente (sic). Democracia que otorgó luz verde a una camarilla de políticos y criminales de guerra intoxicados, envilecidos y totalmente insensibles a los argumentos humanitarios y a los tribunales de justicia supranacional.

Con todo, algunas luces al final del túnel. El camino para juzgar al Estado sionista por crímenes de guerra empieza a tornarse posible. Y esto es lo único que teme Tel Aviv: el aluvión de denuncias que circulan por el mundo y en los acotados espacios de dignidad del país, que podrían derivar en una acción del pusilánime Consejo de Seguridad de la ONU, desbaratando una política de hechos consumados, medidas unilaterales y propaganda islamofóbica.

El 12 de febrero pasado, por primera vez, 14 fiscales internacionales de 11 países (nueve de América Latina, uno de África y otro de Asia) se dieron cita en Sevilla con el fin de cotejar cientos de denuncias. Emitieron sentencia: Israel, culpable de crímenes de lesa humanidad y genocidio contra la infancia palestina en la franja de Gaza.

Asimismo, un juez español abrió una investigación judicial contra siete funcionarios, políticos y militares israelíes, sospechosos de arrojar una bomba de una tonelada sobre la casa del líder de Hamas, Salah Shehade, en la que murieron 14 personas, la mayoría niños. Crimen que el ministro de Defensa Dan Haluz calificó de golpe en el ala.

Por su lado, 450 asociaciones francesas y palestinas presentaron en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia contra Israel por crímenes de guerra y contra la humanidad. Gilles Devers, experto en justicia internacional y conocido abogado de Lyon, redactó el documento apoyado por el importante periódico L’Humanité. La denuncia exige que no haya dos varas para medir. Y que de una vez las leyes internacionales se le apliquen a Israel.

Inusitadamente, la CPI resolvió abrir una pesquisa preliminar, luego de que Ali Kashan, ministro de Justicia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP, que gobierna en Cisjordania), reconoció su autoridad sobre los territorios ocupados.

Como es sabido, las denuncias ante la CPI pueden venir del Estado donde ocurrió el ataque. No sería, en principio, el caso de Palestina, Estado no reconocido todavía. Sin embargo, las autoridades palestinas sostienen que con la retirada militar de los territorios en 2005, el propio gobierno sionista habría configurado la existencia del Estado palestino.

Aun cuando no haya ratificado el estatuto de la CPI (que lo firmó en Roma en diciembre de 2000), las mañas leguleyas de Israel gozan de escasa credibilidad. Recordemos, entre innumerables acciones clandestinas, el secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann (Argentina, 1960), y el ataque a la central nuclear de Osirak (Irak, 1981).

Los fiscales de Sevilla codificaron su sentencia basados en la Convención de Ginebra (1948 y, por tanto, del Tribunal de Nüremberg), y un protocolo adicional (1950), pensado para regular el derecho internacional humanitario, la protección de los prisioneros de guerra y la población civil afectada por conflictos armados.

Si bien reconoce el criterio de proporcionalidad (el uso de la fuerza es adecuado en su magnitud a la amenaza a la que responde, y si el daño a civiles de un ataque supera en gran medida el objetivo militar), Israel no suscribió los protocolos adicionales.

Durante la invasión a Gaza, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que Tel Aviv habría respetado escrupulosamente la mentada proporcionalidad. Falacia desmentida por el propio Olmert, cuando amenazó con una respuesta militar de naturaleza ruda y desproporcionada frente al asedio de los cohetes artesanales de Hamas.

Sentar a Israel en el banquillo de los acusados equivaldría a juzgar a Estados Unidos y la Unión Europea. Por ahora, importan las palabras del fiscal Sergio Tapia en Sevilla: Si no podemos combatir los crímenes contra la humanidad, al menos denunciémoslos para que no se cometan en silencio.