Luego de 15 años de múltiples querellas y juicios, la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) emitió una resolución definitiva en favor de cerca de 800 ex trabajadores del Sindicato de Ruta 100, por lo que Grupo Metropolitano del Transporte (GMT) tendrá que pagar dividendos, utilidades e intereses derivados de la fraudulenta quiebra de la empresa.

En casi una década y media, los trabajadores han visto múltiples traiciones de sus dirigentes, quienes llevaron juicios simulados, convencieron a muchos de que se desistieran de sus demandas y hasta les escamotearon su derecho a tramitar concesiones de taxi y autobús, las cuales les habían ofrecido.

Según detalla Víctor Manuel Cervantes García, representante común de los ex trabajadores, ha sido tanto el manoseo legal contra el gremio, que incluso no se les hizo efectiva una sentencia que los había favorecido en el año 2005, mediante la cual les iban a entregar 900 concesiones de taxi y 180 de autobuses. Pero se promovió un juicio de nulidad para obligar a las autoridades a que les repongan el proceso y les cumplan con este derecho que tenían ya ganado en una sentencia..

Cervantes García apuntó que han tenido que seguir un vía crucis legal para que se les haga justicia, y presenta documentos en los que se comprueba que en diciembre de 2008, en la séptima sala civil del TSJDF se resolvió por unanimidad de votos la confirmación de que los administradores de GMT e IXE Banco tendrán que responder por lo que han usufructuado esta empresa durante más de una década, sin entregar nada a los legítimos propietarios, que son los trabajadores.

Esta sentencia es firme y no le concedió amparo la justicia a IXE, por lo que ahora el banco y el Grupo Metropolitano del Transporte tendrán que rendir cuentas de esta empresa, entregar dividendos y utilidades, así como intereses de muchos años a los trabajadores.

Cuando se extinguió Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, los trabajadores aportaron parte de su liquidación a conformar una nueva empresa, que es GMT; sin embargo, según alude Cervantes García, el grupo conformado por Ricardo Barco y otros que fueron sus representantes se hizo de la administración de la empresa sin rendirles cuentas.

Señala que Jorge Cuéllar Valdez, Antonio Ortega Sánchez y demás miembros de la comisión liquidadora del extinto sindicato del gremio (Sutaur 100) lo único que hicieron fue trabajar a espaldas de los ex trabajadores para entregarnos la ridícula cantidad de 6 mil 739 pesos a cada uno, derivada del pago de fideicomisos, e incluso para entregárselos les pedían firmar documentos en los cuales se comprometían a no reclamar más dinero.

Sin embargo, ahora la resolución final de este juicio señala que los administradores de GTM tendrán la obligación de rendir cuentas a los ex trabajadores, constituir un fondo de reserva y pagar utilidades, así como intereses, para los 800 trabajadores que siguieron en la lucha.