La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una resolución por la queja presentada en 2006 por diversas organizaciones, a consecuencia de los hechos ocurridos en la unidad 8 de la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de las Sabinas, Coahuila, y recomendó al gobierno de México que se cerciore de que se paguen indemnizaciones justas y adecuadas a las familias de los mineros fallecidos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer ayer que durante la 304 reunión del consejo de administración de la OIT, realizada en Ginebra, el comité tripartito encargado de examinar esta reclamación declaró cerrado el procedimiento, pero emitió varias recomendaciones, como aplicar más y de mejor forma la inspección de seguridad en minas en el país.

Además, esta organización determinó que los encargados de la oficina de inspección del trabajo de Sabinas, Coahuila, no cumplieron con sus tareas.

En la queja presentada ante esta organización, los grupos firmantes argumentaron el incumplimiento del gobierno mexicano a los convenios 150 de la OIT, sobre administración del trabajo; el 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y el 170, sobre manejo de productos químicos.

La dependencia explicó que el referido comité se limitó a considerar si al momento del derrumbe el gobierno había hecho todo lo posible en el marco de las obligaciones asumidas por los convenios antes citados, para evitar que se produjera el mismo, y si éste debe considerarse un suceso trágico y aislado, o si los hechos ocurridos representan una situación generalizada en el país.

Según la STPS, la OIT sostiene que los encargados de la oficina de inspección del trabajo de Sabinas, Coahuila, no cumplieron con sus tareas. En la imagen, altar instalado en la ciudad de México en homenaje a los mineros muertosFoto Cristina Rodríguez

Luego de la revisión del caso, el comité invitó al gobierno mexicano para que en consulta con los interlocutores sociales realice diversas tareas, como cerciorarse de que se paguen a la brevedad indemnizaciones adecuadas y eficaces al total de las 65 familias afectadas. Al respecto, la STPS expuso que esta recomendación escapa al mandato que el comité tripartito tenía, ya que no trata sobre ninguno de los convenios motivo de la reclamación. No obstante, asegura que por conducto de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ha otorgado gratuitamente asesoría jurídica sobre las prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derecho los familiares de los mineros fallecidos.

Inclusive, sostuvo que en los 56 asuntos patrocinados por dicha procuraduría, se ha logrado obtener cantidades superiores a las que por ley correspondería a los beneficiarios. Cada uno ha recibido en promedio un millón 100 mil pesos y esta información se ha proporcionado también al Comité de Libertad Sindical, por el asunto 2478 presentado por la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, también ante la OIT.

En cuanto a la responsabilidad de la delegación del Trabajo en Coahuila que señala esta organización, la secretaría sostuvo que quién estuvo al cargo de esa oficina, así como seis ex trabajadores, ya fueron sancionados, pues la Secretaría de la Función Pública ya los inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año.