El juicio penal abierto por la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 aún no es un caso cerrado. La última palabra legal la tiene un magistrado federal unitario.

El quinto tribunal colegiado penal del primer circuito, que el pasado jueves ordenó la libertad inmediata del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, dejó una posibilidad legal, aunque mínima, para que el segundo tribunal unitario libre una orden de reaprehensión y ordene reiniciar el único juicio que se ha abierto en tribunales mexicanos por el delito de genocidio, revelaron fuentes judiciales que participaron en la elaboración del fallo.

En ese contexto, el magistrado unitario Ricardo Paredes Calderón recibirá esta semana el expediente de este caso y deberá resolver en un tiempo indeterminado si concede la libertad absoluta de Echeverría –fallo que tendría valor de cosa juzgada– o si insiste en dictar auto de formal prisión, lo que implicaría emitir la orden de reaprehensión contra el ex jefe del Ejecutivo federal.

Sólo que si decide inclinarse por reanudar el proceso penal que ahora está suspendido, Paredes Calderón tendrá que corregir diversos errores de interpretación jurídica en que incurrió en noviembre de 2006 –cuando dicto por primera ocasión auto de formal prisión–, pues así lo ordenaron el pasado jueves tres magistrados colegiados, al conformar un amparo indirecto que solicitó Echeverría.

Además, Paredes Calderón está obligado a fundar y motivar sus argumentos, en estricto apego a normas de derecho mexicano e internacional, con el fin de que demuestre de manera clara y contundente que el ex presidente de la República es probable responsable del genocidio ocurrido en 1968 en Tlatelolco.

Mientras esto ocurre, Luis Echeverría está en todo su derecho legal de transitar libremente por territorio mexicano e incluso puede abandonar el país.

Desde julio de 2006 y hasta el pasado jueves, el ex presidente permaneció en su domicilio particular ubicado en San Jerónimo, al sur del Distrito Federal, en cumplimiento a una orden de arresto domiciliario que fue cancelada la semana pasada por un tribunal colegiado.

En su fallo de hace cinco días, los magistrados Manuel Bárcena, Rosa Guadalupe Malvina y María Eugenia Martínez determinaron que la matanza de estudiantes ocurrida hace 40 años en la Plaza de las Tres Culturas fue un acto genocida orquestado desde las más altas esferas del poder gubernamental, que entonces encabezaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Sin embargo, los tres magistrados, que votaron por unanimidad, tuvieron serias dudas sobre la probable responsabilidad de Luis Echeverría –quien era secretario de Gobernación durante esos hechos delictivos–, pues consideraron que desde su parecer no hay pruebas sólidas y contundentes para mantenerlo sujeto a proceso.

El magistrado unitario Ricardo Paredes ya no podrá modificar lo establecido por sus compañeros –que son sus superiores jerárquicos–, en el sentido de que hubo genocidio en México el 2 de octubre de 1968.

Únicamente podrá estudiar si hay algunas pruebas documentales, periciales y/o materiales que, concatenadas entre sí de manera lógica y objetiva, demuestren a plenitud la probable responsabilidad de Echeverría, el único inculpado por estos hechos que logró ser llevado a juicio ante tribunales mexicanos.