El grupo parlamentario del PRD enmendará por completo las iniciativas de Felipe Calderón sobre las leyes de Adquisiciones, de Obras Públicas y de Responsabilidad de los Servidores Públicos, porque ponen en riesgo a las empresas mexicanas y contienen disposiciones que van en contra de la Constitución, como el establecimiento de nuevos tipos penales que amenazan a los funcionarios, quienes, de acuerdo con el proyecto presidencial, serán perseguidos y hasta encarcelados, aun por errores mínimos.

La senadora perredista Yeidckol Polevnsky precisó que con los cambios propuestos por el Ejecutivo no se dan mayores herramientas para perseguir a los servidores públicos corruptos, sino que se trata a todos como delincuentes y se les impide tomar decisiones, toda vez que cualquier falla es sancionada, aun las que no tienen repercusión alguna, lo que lleva a la inacción y a que el gasto público no se mueva.

La legisladora detalló las diferencias entre las iniciativas presidenciales y las que el PRD presentará ante el pleno del Senado en la sesión del próximo martes. Por lo que se refiere a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, frente a la propuesta de establecer tipos penales ambiguos e imprecisos para castigar lo que llaman la aplicación discrecional de recursos, nosotros planteamos dar garantías a los funcionarios para que puedan realizar su trabajo, de manera que las decisiones que tomen no se reviertan en su contra.

El PRD propone establecer con mayor claridad la no existencia de responsabilidad administrativa en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando de forma espontánea se subsanen las obligaciones que el servidor público hubiera dejado de cumplir, para con ello poder eliminar la parálisis en el ejercicio del presupuesto.

Polevnsky explicó que en las iniciativas del Ejecutivo sobre las leyes de Adquisiciones, de Obras Públicas y de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como de servicios relacionados con las mismas, las diferencias con las propuestas del partido del sol aztca son aún mayores, porque en lugar de agilizar los procesos de licitación de compras gubernamentales y la contratación de obra pública, propone mayores trabas burocráticas y margina a la industria nacional, al insistir en el criterio erróneo de que tienen que comprar o contratar lo que sea de menor precio.

Con ello, es claro que todo se lo comprarán a China, recalcó la legisladora. Asimismo, dijo que uno de los puntos más negativos de la iniciativa presidencial es que en el caso de licitaciones nacionales, elimina el requisito de contenido nacional de 50 por ciento, lo que es absurdo, ya que en estos momentos de crisis, lo que se requiere es que el gobierno compre más a las empresas mexicanas, en lugar de privilegiar a las extranjeras, como pretende.

En cambio –explicó–, en las iniciativas del PRD se propone elevar a 65 por ciento el contenido nacional, lo que garantizará promoción de la manufactura del país, la reactivación de las cadenas productivas y la generación de nuevos empleos.

La mayoría de las naciones –dijo– tienen leyes para impulsar y fomentar las compras de los productos locales. El presidente Barack Obama “acaba de reforzar su buy american act, al señalar que se adquiera no sólo lo fabricado en Estados Unidos, sino hecho por los estadunidenses y con insumos de ese país, y en estos momentos Canadá debate una ley en igual sentido, pero aquí Calderón va en contra de las empresas nacionales”, señaló.

Por ello, frente a ese criterio basado sólo en el precio, que violenta el espíritu del artículo 134 constitucional, el PRD propone que para adjudicar contratos, los gobiernos federal y estatales consideren las mejores condiciones en cuanto a oportunidad, calidad, financiamiento, generación de empleos y crecimiento económico. Comprar a la industria nacional significa que el erario pueda recaudar más impuestos y se mantengan las plazas laborales existentes.

La iniciativa de Calderón plantea que el sistema Compranet se convierta en el principal motor para las adquisiciones del gobierno, “figura inconstitucional que deroga de facto la obligación establecida en la Carta Magna del sobre cerrado para presentar las propuestas, advirtió la perredista.