a situación que las radios comunitarias están viviendo actualmente en México pone en evidencia que el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país.

Los cierres de radios comunitarias con el apoyo de más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la interposición de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), constituyen el inicio de una política aún más represiva por parte del gobierno mexicano en contra de las emisoras comunitarias. Tenemos por lo menos conocimiento de tres casos de radios comunitarias que han sido cerradas aplicando un uso desmedido de la fuerza pública, entre junio del año pasado y lo que va de este año. Ellas son la radio Ñomndaa, la palabra del agua, en la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero; la emisora Tierra y Libertad, en Monterrey, y en enero de este año la radio purépecha Uékakua en Michoacán.

De acuerdo con los testimonios de integrantes de la radio, en esta última más de 100 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a cerrar la emisora, amagando a dos jóvenes mujeres y amenazando a una menor de edad con ser golpeada. En el caso de la radio Tierra y Libertad, uno de sus integrantes enfrenta hoy una acusación penal interpuesta por la SG, con el riesgo de ser detenido. Cabe resaltar que esta radio surgió como parte de un proyecto de una organización que lleva trabajando más de 30 años en labores relativas a la defensa y promoción de los derechos humanos en una zona marginal de Monterrey.

Desde hace tiempo los integrantes de la emisora han solicitado permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. La utilización, por tanto, de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, representa una criminalización de las radios comunitarias por parte del gobierno mexicano, pues ahora se privilegia para perseguir a integrantes de la emisora, mermando con ello su derecho a la libertad de expresión y poniendo en riesgo su libertad personal.

La voluntad del Estado por evitar que radios comunitarias como Tierra y Libertad ejerzan su derecho a la libertad de expresión se demuestra con la conducta omisa y discrecional que las autoridades han asumido respecto de la solicitud de permiso que las radios han hecho. Cabe recordar lo que han establecido organismos internacionales de derechos humanos en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de emplear medios indirectos, como dar trámites a causas penales, para coartar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, están obligados a emplear medios razonables, proporcionales y necesarios para analizar la legalidad en el ejercicio de esta prerrogativa ciudadana.

Los estados deben privilegiar el empleo de medidas no penales, sobre todo cuando las comunidades que están involucradas en la operación de radiodifusoras tienen fines sociales. Además, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro radioeléctrico, propiedad de la nación, para ellas. Igualmente, en el reciente Examen Periódico Universal de México frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno, representado por el secretario de Gobernación, estuvo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Federación Rusa y los Países Bajos, en el sentido de llevar a cabo reformas jurídicas para garantizar la apertura y la transparencia de los medios de comunicación en el país, y revisar la legislación de radio, televisión y medios de comunicación, y el seguimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco jurídico que permita la diversidad en los medios de comunicación.

El Estado mexicano ha establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), como una de las líneas de acción: Promover el reconocimiento jurídico de la radiodifusión comunitaria, así como facilitar su operación y desarrollo a través de los reglamentos y demás normas administrativas. En la actualidad, el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que ha endurecido sus políticas, criminalizando a las comunidades que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión al usar el medio que resulta más accesible para la gente hasta ahora: la radio. Con ello, el gobierno mexicano está retrocediendo en lo que parcialmente y con muchas dificultades ya se había avanzado en 2004 y 2006, con el otorgamiento de 11 permisos para la operación de radios comunitarias en el país. No sólo no ha cumplido con las recomendaciones en materia de libertad de expresión, a fin de establecer las condiciones para que las radios comunitarias puedan existir y subsistir dignamente, sino que está utilizando medios excesivos para su persecución y criminalización.