Sin grandes expectativas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá este jueves el informe sobre Oaxaca, elaborado por la comisión de magistrados que investigó las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en esa entidad de mayo de 2006 a julio de 2007; de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el documento será sólo descriptivo, sin juicios de valor sobre la existencia de violaciones graves a las garantías individuales.

Una vez que rindan su informe los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, anunciará que por cuestión de turno, corresponderá a Mariano Azuela la elaboración del proyecto de dictamen.

En el máximo tribunal se dijo que tras la resolución del caso Atenco, en que la decisión quedó en un catálogo de buenas intenciones y sin responsabilizar a ningún alto funcionario federal o estatal de violaciones graves de garantías, se espera que en el caso Oaxaca ocurra algo similar.

Es decir, que el pleno hará algunas recomendaciones en cuanto al uso de la fuerza pública, para que ésta no vulnere las garantías ciudadanas, pero también con respecto a la omisión de las autoridades en el uso de ésta se hará énfasis en que los gobiernos de los tres niveles deben de actuar a tiempo, antes de que se desborden los conflictos sociales.

Tampoco se espera que la Corte determine responsabilizar a autoridad alguna, incluido el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, de los actos que dieron origen a la investigación y a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre los que destacan: determinar quién ordenó la represión en la entidad, qué autoridad ordenó movilizar a la Armada de México y a la Policía Federal Preventiva; quién ordenó el traslado de los detenidos, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a penales de alta seguridad en otras entidades, pese a que las acusaciones en su contra fueron por delitos del fuero común, y finalmente, quién ordenó el desalojo violento de los activistas del Cerro del Fortín, en julio de 2007.

En su momento, Ulises Ruiz trató de impedir que la SCJN, con base en en el artículo 97 constitucional, decidiera investigar la presunta violación grave de garantías, con el argumento de que iba a dar cumplimiento a la respectiva recomendación de la CNDH.

El pleno desechó los argumentos Ruiz y creó la comisión, pero meses más tarde adoptó un acuerdo general, en el que determinó que en estas investigaciones los ministros no estaban facultados para imputar personalmente a los funcionarios responsables de violar las garantías, si acaso, podrá hacer un recuento de los hechos.

Así las cosas, la comisión de magistrados presentará su informe y, si el pleno lo considera suficiente, lo turnará al ministro instructor para que elabore el proyecto de dictamen.

Por cierto, Azuela deja su cargo el 30 de noviembre próximo y, según ministros consultados, conociéndolo, seguramente se apurará para que el pleno resuelva este asunto antes de que se vaya.