Los programas de pago de recompensas que ha impulsado la Procuraduría General de la República (PGR) han tenido prácticamente nula respuesta ciudadana; por ejemplo, desde los años 90 se ofreció dinero a quien proporcionara datos para capturar a los hermanos Arellano Félix y no hubo ninguna denuncia; en 2006 se puso en marcha un nuevo intento para que la ciudadanía colaborara y un año después no se había pagado ninguna gratificación, indicaron funcionarios de esa dependencia federal.

Los entrevistados consideraron que mientras no se garantice la seguridad de los denunciantes –e inclusive la forma en que se pagará el dinero– los delincuentes tendrán pistas para dar con sus delatores.

Muestra de la poca efectividad que han tenido los anteriores ofrecimientos y programas la dio el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, durante una conferencia de prensa el pasado lunes: En los anteriores ofrecimientos de recompensa ha habido información útil, pero no la que puntualmente lleve a la captura de las personas referidas, salvo en un caso en que la recompensa está disponible para la persona que proporcionó la información; se ha hecho el contacto correspondiente, se estará seguramente cubriendo en los próximos días y tiene que ver con la fuga de un grupo de personas en un penal de la República Mexicana.

Sin embargo, el programa impulsado a lo largo de un año por quien fuera procurador general de la República durante la última parte del mandato presidencial de Vicente Fox, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, no tuvo ningún pago de recompensa.

Otro dato acerca de la utilidad de estos instrumentos para detener a delincuentes lo ofreció en días pasados el subsecretario de Seguridad Pública federal, Francisco Niembro, al señalar que entre 80 y 90 por ciento de las llamadas de denuncia resultan ser simplemente bromas.

Respecto del pago de esas gratificaciones, el 19 de septiembre de 2008 fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo A/255/08, por el que se establecen las reglas para el ofrecimiento y entrega de recompensas.

En el artículo décimo de ese ordenamiento se indica que “el pago de la recompensa estará supeditado a que la información proporcionada sea veraz, útil, eficaz y oportuna para las investigaciones que realice el Ministerio Público, o bien para la localización y detención efectiva de las personas en contra de quienes exista mandamiento judicial de aprehensión.

La veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información, para efectos del pago, serán determinadas por la unidad administrativa u órgano desconcentrado, con base en las diligencias que se hayan practicado al efecto, es decir, no existen montos definidos sobre los pagos.

Además, el artículo 14 indica: El pago de recompensa se realizará por depósito en cuenta bancaria o en efectivo. Para tal efecto, el servidor público que entable comunicación con el interesado deberá requerirle el número de cuenta, o bien citarlo en las oficinas de la procuraduría para hacer la entrega en efectivo.