El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares, arremetió nuevamente contra los legisladores y la directiva priísta al cuestionar el interés y el compromiso del tricolor para aprobar la iniciativa que sobre extinción de dominio envió el presidente Felipe Calderón al Congreso, a efecto de dotar, según dijo, al gobierno de mejores armas para combatir el crimen organizado.

El dirigente del blanquiazul lamentó la demora de los legisladores priístas para dar trámite a una iniciativa que fue presentada desde el año pasado, y advirtió que no quitará el dedo del renglón hasta que demuestren que están comprometidos con esta lucha. Subrayó que la respuesta que den a este llamado los priístas no es para el presidente del PAN, es para todos los mexicanos que exigen una definición sobre este tema.

En conferencia de prensa, ofrecida luego de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en la que se aprobaron las candidaturas a diputados federales en los estados de Querétaro y San Luis Potosí, Martínez Cázares fue interrogado sobre la iniciativa de extinción de dominio que presentó el PRI y que contiene variantes respecto de la propuesta calderonista.

En el PAN no tenemos miedo al acuerdo, lo que nos interesa es la aprobación de la iniciativa en este periodo ordinario de sesiones y nos interesa que se haga ya, para que no tenga tintes electorales, como ha argumentado el PRI.

En la conferencia de prensa destacó la velocidad con la que Calderón ha dado respuesta a la construcción de la refinería, frente a la demora que ha mostrado el PRI en la aprobación de la reforma para profundizar el combate al crimen organizado. Puntualizó que mientras el Presidente se comprometió a dar a conocer a más tardar el 15 de abril el sitio en el que se construirá la refinería, los priístas no han podido aprobar una iniciativa que lleva meses en el Congreso.

Además, agregó que en el caso de la licitación más importante que se realizará este sexenio, ésta se hará, dijo, con la mayor transparencia, a efecto de que ninguno de los gobiernos estatales se diga engañado y la opinión pública esté cabalmente informada.