Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Procuraduría General de la República (PGR) formalizó ayer un acuerdo para recompensar hasta con 30 millones de pesos a quien auxilie a la dependencia en la captura de los principales líderes del crimen organizado y sus lugartenientes más cercanos.

Por la noche, el procurador Eduardo Medina Mora ofreció una conferencia de prensa en la que se comprometió con los ciudadanos que colaboren con la autoridad a que será garantizado su anonimato para evitar venganzas del crimen organizado.

El acuerdo señala a 37 individuos por los que se pagaría para obtener información, y destaca que de los datos contenidos en diversas averiguaciones previas “se ha podido establecer la identidad de los principales líderes y lugartenientes de los cárteles del Golfo-Zetas, del Pacífico, de los Beltrán Leyva, de los Carrillo Fuentes de La Familia Michoacana y el de los Arellano Félix.

Así, por ejemplo, en el caso del cártel del Pacífico, además de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, se ofrece dinero para quien proporcione informes para ubicar a Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, detenido la semana pasada.

En cuanto al cártel del Golfo-Zetas, se incluyen los nombres de Heriberto Lazcano, El Lazca o Z-14, Z-3, El Verdugo, El Bronce o El Pitirijas, todos apelativos con los que también se le conoce. Asimismo, para Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, o Miguel Angel Treviño Morales, L-42, entre otros.

Por lo que hace al cártel de los Carrillo Fuentes, se ofrece recompensa por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy o El General, y Vicente Carrillo Leyva. Por otra parte, será recompensada la información proporcionada sobre La Familia Michoacana, que incluye a Nazario Moreno, El Chayo; Servando Gómez Martínez, El Profe, y José de Jesús Méndez, El Chango.

Respecto al cártel de los Arellano Félix, se ofrece dinero a quien proporcione información relevante sobre Teodoro García Simental, El Teo, y Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero.

En todos los casos, subraya la PGR como justificación, los líderes citados cuentan con órdenes de aprehensión libradas en su contra por diversas autoridades judiciales en el ámbito federa, según consta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El documento publicado en el Diario Oficial agrega que conforme al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de ésta, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente en su localización y aprehensión.

Señala el texto que el procurador general de la República tiene la facultad de emitir la normatividad en materia de recompensas. El acuerdo subraya que en el combate a la delincuencia la colaboración de la sociedad “es una herramienta de la mayor importancia, particularmente a través de la participacion de la información relevante, veraz, útil, eficaz y oportuna que coadyuve a la efectiva detención de los probables responsables de delitos que por su gravedad y grado de violencia atentan contra la tranquilidad y la paz pública, obstaculizan la actuación normal de las instituciones e impiden el desarrollo social.

La participación de la sociedad en este combate a la delincuencia, indica el texto, debe efectuarse en los términos que fija la ley, y bajo las condiciones que incentiven la colaboracion en la procuración y administración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de quienes presten auxilio a la autoridad.

Se fija el pago de 30 millones de pesos para quienes ayuden a capturar a los líderes, y 15 millones por la información sobre sus lugartenientes. En caso de que dos o más personas proporcionan la información, con el mismo grado de importancia, se entregará el dinero a quien la hubiera aportado primero; si los informes se propocionan simultáneamente el dinero se entregará proporcionalmente.

También se instruye a la autoridad a difundir públicamente las condiciones de las recompensas. Se instalará, indica el documento, un comité evaluador que regulará la entrega del estímulo económico, así como la notificación para quien aportó los datos; el pago correspondiente se realizará en un plazo de diez días.

Por su lado, el procurador Medina Mora señaló la posibilidad de que narcotraficantes, colaboradores, familiares y personas cercanas a cualquier capo o sicario de la droga se conviertan en delatores y denuncien la ubicación de los delincuentes, aunque sea por el interés del dinero.

Nosotros no descartamos que los denunciantes pudieran ser participantes de los mismos grupos. El punto más importante es tener la información que nos lleve a la efectividad de la captura de esas personas.

Aclaró que éste es el esquema que se utiliza en muchos lugares y que ha sido particularmente útil en países como Colombia e Italia, respecto de la localización con fines de captura de personas muy relevantes de las organizaciones delictivas.