Para los niños de familias jornaleras migrantes, el sistema educativo es un espacio de reproducción de las condiciones de segregación y exclusión en que viven: toman clases entre moscas, en ocasiones ni siquiera cuentan con las galeras que les sirven de aulas y se ha llegado al extremo de que reciban –en los casos en que se les manda material– el frasco más chiquito de pegamento para todo el ciclo agrícola.

De acuerdo con la evaluación externa del Programa de Educación Prescolar y Primaria Para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim) 2008, hay estados donde, pese a lo anterior, el gobierno federal sólo destinó un presupuesto de 934 pesos por niño.

Aunque el informe no hace las comparaciones, este gasto contrasta con los 45 mil pesos que eroga anualmente el Estado en un alumno de educación superior, o los 14 mil pesos que destina para un estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que ya de por sí es la inversión más baja que se hace en relación con el resto de los subsistemas de nivel bachillerato.

Cinco estados calificados

El estudio, elaborado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo la coordinación de Carlos Rafael Rodríguez Solera, da cuenta de cómo ha funcionado el Pronim en cinco estados a los que se considera prioritarios en este proceso de evaluación: Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz.

Así, en la región lagunera de Coahuila los educandos acuden a tres predios pertenecientes a la empresa Hortaliza de La Laguna. Son recogidos por un autobús de la compañía, que los concentra en un solo lugar. La escuela cuenta con dos cuartos (...) Se ha tratado de acondicionarlos lo mejor posible, aunque el clima y las moscas, debido a la planta de tomate, no dejan trabajar ni a los niños ni a las maestras.

Esos menores provienen de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz; la mayoría no tienen siquiera una identificación, por lo que no se les puede certificar, y viven en una galera, donde se encuentran las familias hacinadas.

Sin embargo, en algunos casos no hay siquiera un espacio para que reciban clases, por lo que dependen del poder de negociación de los maestros con las autoridades municipales o los dueños de los campos, como ocurre en Veracruz, donde fueron compradas carpas de plástico móviles, que no sirvieron para los fines educativos por el exceso de calor que producen. Hoy se usan para otras actividades.

Pese a ello, desde que comenzó el gobierno de Fidel Herrera, el monto estatal para el programa sufrió una caída de más de 50 por ciento, pues de 800 mil 962 pesos que se destinaron en 2002, el año pasado se erogaron apenas 380 mil 381, lo que sólo alcanza para cubrir los salarios de los educadores durante cinco meses.

Otra observación constante al programa es que los niños migrantes tampoco cuentan con material didáctico.

En Oaxaca, los maestros expresaron: el material que nos dan para cada niño es el bote más chiquito de Resistol, un cuaderno, un lápiz y un sacapuntas, como si nada más fuéramos a ocupar eso en el ciclo. En esa entidad el presupuesto por alumno es de 934 pesos, mientras en San Luis Potosí asciende a 4 mil 936 y en Chiapas a 17 mil 718 pesos.

Y si la condición de los niños es paupérrima, la de los maestros no es mucho mejor. En Veracruz, los educadores reciben una beca de 960 pesos mensuales, lo que los ubica en el último lugar de los salarios comparados a nivel nacional. Entre las cinco entidades evaluadas, los docentes que más ganan son los de Coahuila: 4 mil 500 pesos al mes.

Además de la escasez de recursos materiales y humanos –hay coordinaciones estatales del Pronim donde sólo trabaja una persona–, el informe advierte que existe un condicionamiento de los pagos-beca a los docentes y otras irregularidades. Por ejemplo, en Oaxaca las autoridades obligan a los maestros a firmar documentos en blanco a cambio de un pago por concepto de viáticos.

Para los maestros del Pronim, los gastos que deben realizar están por encima de sus posibilidades. En Chiapas, los supervisores deben trasladarse de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula, lo que implica una distancia de 400 kilómetros, 12 horas de viaje y gastos de hospedaje, alimentación y traslado, por lo que deben solicitar el apoyo de los dueños de las fincas, lo que resta autonomía a las actividades de supervisión.

Al día de hoy, muchas de las empresas agrícolas que contratan esta mano de obra infantil impiden el acceso de los niños al Pronim, al negar que haya niños jornaleros en edad escolar.

Frente a esa problemática, el informe hace una serie de recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública, en torno a un eje central: la creación de una verdadera política oficial que permita romper con la marginación que sufren esos menores.