La bancada del PRI en la Cámara de Senadores dio a conocer que en los dos años y medio que lleva la actual legislatura se han aprobado dos reformas constitucionales y 31 de leyes secundarias en materia de seguridad pública y justicia penal, que acreditan que se han dado herramientas al Presidente de la República en el combate a la delincuencia organizada.

En momentos en que Felipe Calderón y el dirigente del PAN, Germán Martínez, han acusado a los priístas de no colaborar en la lucha contra el narcotráfico, porque no se ha aprobado la ley de extinción de dominio ni las reformas sobre narcomenudeo, senadores del PRI presentaron un análisis del trabajo legislativo realizado de septiembre de 2006 a la fecha.

Para el grupo parlamentario del PRI ha sido prioritario fortalecer la seguridad pública y modernizar la procuración y administración de justicia. Ante algunos dichos ligeros realizados al calor del oportunismo electoral, los hechos contundentes del trabajo legislativo hablan por sí mismos.

Reformas aprobadas

Destacó que impulsaron y promovieron la reforma constitucional y legal más importante en el rubro de fortalecimiento de la seguridad pública y la modernización de la procuración e impartición de justicia, que dan nuevos instrumentos al Estado mexicano.

Esta reforma, que modifica el sistema inquisitorial y constituye uno garantista, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

También se reformaron las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, del Mercado de Valores, de Sociedades de Inversión, de Instituciones y Finanzas, y la de Instituciones de Crédito, además del Código Penal Federal, para prevenir y controlar actos contra la seguridad nacional.

Asimismo, se creó una Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que determina competencias y bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno; se modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear un registro nacional de usuarios de celulares, a fin de evitar que con esos aparatos se cometan delitos como secuestro y extorsión; se penalizó la clonación y el mal uso de tarjetas de crédito.

Además, con el propósito de seguir acotando los vericuetos mediante los cuales actúan la delincuencia común y organizada, el PRI promovió la reforma al Código Penal Federal para penalizar el uso no autorizado de cualquier forma de información protegida de seguridad pública, y se facultó al Congreso para que expida leyes generales en materia de secuestro.