Nueva York, 20 de marzo. Antes se pavoneaban por los restaurantes de lujo, mostraban sus mansiones, posaban para portadas de revistas; ahora, los ricos se quieren esconder, se quejan de una cacería de brujas en su contra y toman medidas de seguridad personal.

La furia popular contra los banqueros y ejecutivos financieros provoca intensa preocupación entre algunos de los integrantes de la cúpula económica y política del país, e incluso amenaza la conducción del rescate financiero del gobierno de Barack Obama.

Algunos ejecutivos han contratado guardias privados, ya que se multiplican las amenazas contra quienes hace sólo unos meses eran considerados figuras distinguidas en la alta sociedad de sus comunidades, y ya no se ven en público, en foros o en televisión muchas de las caras de reconocidos representantes del sector financiero que antes no cesaban de ofrecer consejos al resto de los mortales.

El furor se desató al descubrirse que la gigantesca aseguradora AIG, en la cual el gobierno controla 80 por ciento de las acciones, estaba por repartir 165 millones de dólares en bonificaciones a ejecutivos en la unidad de la empresa, cuyas operaciones fueron en parte responsables en detonar y nutrir la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.

El enfoque ha sido los 418 (algunos dicen 463) ejecutivos que recibieron bonificaciones, después de que el gobierno ha invertido 170 mil millones de dólares de fondos federales para sostener a la empresa, con el argumento de que su colapso implicaría un derrumbe de buena parte del sistema financiero dentro y fuera de Estados Unidos.

Muchos políticos sabían de las gratificaciones

Y ahora, no hay un solo político en Washington que no esté furioso por las bonificaciones, aunque muchos de ellos ya sabían, o deberían haber estado enterados, de las operaciones de AIG. De hecho, uno de los arquitectos del rescate de la empresa, el jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke, declaró el domingo que el asunto de los bonos me enfureció, y hasta causó que colgara el teléfono más de una vez. Pero meses antes, fue él mismo quien forjó los términos del rescate de AIG.

El caso ya ha quemado a varios políticos, como al influyente senador Christopher Dodd, quien el martes negó haber incluido una cláusula de escape en su legislación, que supuestamente era para imponer controles a la entrega de bonificaciones y otra remuneración a ejecutivos de empresas rescatas con fondos públicos, pero un día después reconoció que fue el autor de la misma, mientras que se señalaba que AIG había sido uno de sus más generosos contribuyentes a sus arcas electorales. Esto ha causado una minicrisis para el veterano político entre sus propias bases electorales.

Todo político ahora declara que no tuvo nada que ver con autorizar o endosar este tipo de pagos no sólo en AIG, sino a otras empresas, como la gigantesca Merrill Lynch, donde se otorgaron unos 2.5 mil millones en bonificaciones a ejecutivos justo durante el periodo en que estaba culminando su propia crisis. Pero cada día los medios revelan que más y más políticos estaban enterados de la situación.

Para intentar defenderse ante la reacción pública, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que impone un impuesto de 90 por ciento a bonificaciones de ejecutivos de cualquier empresa que haya recibido más de 5 mil millones en fondos de rescate del gobierno.

Barney Frank, presidente del Comité de Finanzas de la Cámara, opinó que el gobierno debería ejercer sus derechos como dueño y anular estas bonificaciones. Solicitó los nombres de todos los empleados que las han recibido, pero el ejecutivo en jefe de AIG, Edward Liddy, dijo que le preocupaba divulgarlos. Ofreció ejemplos de múltiples amenazas anónimas que han circulado contra la integridad física de los ejecutivos y sus familias. Frank no aceptó el argumento, y aunque denunció las amenazas, dijo que muchos reciben esos beneficios.

Ayer, el alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg –dueño del medio especializado en el mundo de las finanzas, Bloomberg News, otro que falló en reportar o advertir de las manipulaciones, acciones irresponsables, estafas y más que llevaron a detonar esta crisis–, declaró que se opone a revelar los nombres de ejecutivos que han recibido bonificaciones, ya que eso es asunto del sector privado, no del gobierno. El problema con el argumento es que estas megaempresas y sus ejecutivos tienen un nuevo dueño: el público.

El New York Times reportó hoy que hay guardias de seguridad frente a las casas de varios ejecutivos de AIG en Connecticut y que los empleados en las oficinas de Nueva York fueron aconsejados por la empresa de no salir con identificación visible o prendas con el logo de la empresa. En Merrill Lynch, algunos empleados han preguntado si se les ofrecerá apoyo para pagar servicios de seguridad privada.

“Yo no quiero suprimir el enojo… estoy enojado”, afirmó el presidente Barack Obama esta semana, después de días de enfrentar una ola de ira popular por las bonificaciones multimillonarias otorgadas a ejecutivos de firmas que han sido rescatadas por el gobierno federal. Pero cada vez es mas difícil para Obama argumentar no estoy protegiendo a los bancos, estoy protegiendo al pueblo.

Aunque en términos relativos las bonificaciones representan un monto microscópico frente a los miles de millones de los rescates financieros, se han convertido en un símbolo de la avaricia de los ejecutivos ricos y de la sospecha de que mientras todos los demás sufren las consecuencias, ellos reciben miles, millones, en fondos públicos. Esto ha llegado a tal nivel que empieza a amenazar el apoyo público a las propuestas de Obama para proceder con sus esfuerzos de rescate del sector financiero.

El pueblo estadunidense ya se hartó, advirtió el representante Paul Kanjorski, presidente del subcomité de la cámara baja, donde esta semana se presentó Edward Liddy. Dijo que el pueblo y sus representantes políticos,estarán menos dispuestos a continuar apoyando los rescates si hay más ejemplos de ejecutivos beneficiados con fondos públicos.

Liddy, quien hace seis meses fue instalado por el gobierno en el puesto para administrar el desastre empresarial, reconoció que “nos reunimos aquí en momentos de amplia ira pública. Yo comparto esa ira… He visto la buena cara del capitalismo… Ahora he visto el lado triste”, afirmó el veterano ejecutivo, quien había estado jubilado después de larga carrera frente a otra gigantesca aseguradora.

Mientras tanto, Liddy reconoció que si AIG logra sobrevivir y tener una segunda vida, no lo podrá hacer con el mismo nombre, ya que está muy dañada por esta crisis. El cómico Jon Stewart recomendó un nuevo nombre: Herpes.